Toda organización, desde una pequeña empresa hasta un gobierno nacional, necesita una forma confiable de velar por las finanzas: lo que tiene, lo que debe, lo que gasta y si ese gasto se está haciendo según lo planificado. Para un hogar, una chequera y algunas cuentas en línea pueden ser suficientes. Para un gobierno que maneja miles de millones de dólares a través de docenas de agencias, se necesita algo mucho más sustancial: un sistema centralizado y confiable que registre todas las transacciones, aplique las mismas normas de forma uniforme, y ofrezca una visión completa y actualizada de las finanzas públicas.
Durante décadas, el Gobierno de Puerto Rico no contó con uno. En cambio, operaba mediante un conjunto desarticulado de sistemas obsoletos. La contabilidad central se llevaba con PRIFAS, una plataforma que estuvo más de treinta años en servicio, mientras que las agencias mantenían sus propios sistemas financieros a nivel individual, creados en diferentes momentos y con distintos propósitos. Estos sistemas no se diseñaron para comunicarse entre sí. Para obtener una visión global de las finanzas públicas era necesario recopilar información de múltiples fuentes, conciliarla manualmente y aceptar las demoras y errores que conlleva la consolidación manual.
Por qué es importante contar con un sistema en común
La fragmentación no solo es ineficaz, sino que debilita los pilares que sostienen unas finanzas públicas estables. Cuando cada agencia registra las transacciones a su manera, resulta más difícil aplicar controles de forma consistente, saber en tiempo real qué parte del presupuesto se ha comprometido y elaborar informes financieros que sean tanto puntuales como confiables. Para un gobierno que se esfuerza por recuperar su credibilidad fiscal, este último punto cobra una gran importancia. La información financiera precisa, actualizada y verificable es la base de la elaboración responsable de presupuestos, de la transparencia pública y, en última instancia, de la capacidad del Gobierno para administrar sus propias finanzas con confianza.
Por lo tanto, sustituir décadas de fragmentación por una plataforma en común no equivale a una actualización tecnológica por el mero hecho de hacerla. Forma parte de la modernización más amplia de la administración financiera que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera han llevado a cabo conjuntamente, y constituye un pilar fundamental para el tipo de gestión financiera disciplinada y transparente requerida para una estabilidad fiscal duradera.
El resultado de casi una década de trabajo
El nuevo sistema es una plataforma de planificación de recursos empresariales (ERP) que centraliza los procesos financieros y operacionales del gobierno en un solo lugar. Llegar hasta este punto tomó mucho más tiempo y resultó mucho más difícil de lo que la tecnología por sí sola sugería.
El Gobierno de Puerto Rico llevaba casi una década trabajando para sustituir sus sistemas financieros anticuados. Los intentos anteriores, que comenzaron en 2017, no tuvieron éxito. Entre los diversos esfuerzos sucesivos, el Gobierno invirtió una cantidad sustancial de fondos públicos, alrededor de unos $118 millones durante todo el periodo, sin llegar a poner en funcionamiento un sistema moderno y eficaz. Una auditoría realizada en 2024 por la Oficina del Contralor de Puerto Rico examinó el primero de estos intentos y concluyó que se habían gastado decenas de millones sin que se obtuvieran los beneficios esperados, señaló deficiencias como la ausencia de un análisis detallado de los requisitos, un monitoreo inadecuado y contratos que no definían claramente los resultados y los plazos esperados. Una iniciativa posterior también se suspendió, luego de que una evaluación detectara fallos recurrentes en la gobernanza, la toma de decisiones y la preparación organizativa, y luego de que varias fechas previstas para la puesta en marcha pasaran sin concretarse.
Estas dificultades no son inusuales en proyectos de este tipo, y esa es una de las razones por las que ponerlo en marcha, o llegar al Go-Live, es significativo. Los estudios del sector revelan reiteradamente que la mayoría de las implementaciones de sistemas de ERP no alcanzan los objetivos fijados, y que las implementaciones en el ámbito gubernamental registran índices de fracaso particularmente altos, debido a su escala, al número de agencias que deben actuar de manera coordinada y a la forma en que las prioridades pueden evolucionar con los cambios de administración a lo largo de un esfuerzo multianual. Los proyectos de ERP gubernamentales similares que se han implementado en otros lugares, que utilizan la misma plataforma, han sufrido atrasos de varios años y han superado por mucho el presupuesto previsto. En ese contexto, los obstáculos con los que se topó Puerto Rico en las primeras rondas fueron más cercanos a la norma que a una excepción.
Un esfuerzo reestructurado y disciplinado
Lo que cambió no fue el software, sino la forma en que se organizaba el trabajo. En 2025, se hizo una reestructuración integral del proyecto mediante un esfuerzo conjunto de las agencias centrales del Gobierno, la Oficina de la Gobernadora, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Supervisión. La reestructuración se centró directamente en las condiciones que habían socavado los intentos anteriores: un contrato renegociado con el integrador de sistemas, que incluyó resultados, metas intermedias y fechas de puesta en marcha firmes y claramente definidos; una estructura de gobernanza rediseñada con cadenas de mando concretas para la toma de decisiones; dotada de personal; y una cadencia regular de reuniones de trabajo para impulsar las decisiones y la rendición de cuentas en cada semana del proceso.
El trabajo se organizó en dos fases que se llevaron a cabo en paralelo. La Fase 1, que abarca la administración de las finanzas y la cadena de suministro, la elaboración de presupuestos, las cuentas por pagar y por cobrar, los activos fijos, la gestión del efectivo, y las compras y contratos, entró en funcionamiento el 7 de julio de 2026. La Fase 2, que abarca la gestión del capital humano —incluyendo los recursos humanos, nómina, y beneficios— está prevista para 2027.
Una vez completada, la plataforma sustituirá a PRIFAS, el sistema integrado de contabilidad financiera que lleva más de treinta años en funcionamiento, así como a una serie de sistemas heredados específicos de cada agencia, lo que dotará al Gobierno Central, por primera vez, de una infraestructura financiera central en común. Las disciplinas que distinguen esta iniciativa de las anteriores —resultados definidos, gobernanza estructurada y supervisión constante— son las mismas que han hecho posible su puesta en marcha.
Qué cambia con el nuevo sistema
Una forma de trabajar estandarizada. Más de sesenta agencias del Gobierno Central aplicarán los mismos procesos financieros básicos siguiendo un estándar en común, lo que pondrá fin a la fragmentación derivada de que cada entidad operara de forma aislada.
Un catálogo de cuentas rediseñado. Como parte del proyecto, el Gobierno reconstruyó el sistema que clasifica cada dólar que recauda y gasta, ampliándolo para que ofrezca más detalles. Esto refuerza el control presupuestario y mejora la trazabilidad del gasto público, lo que refleja con mayor claridad de dónde procede el dinero, a dónde se destina y quién otorga las autorizaciones.
Visibilidad y trazabilidad en tiempo real. El estado de una transacción está disponible en el momento en que se produce, en lugar de tener que esperar a que se genere un informe manualmente. Cada registro indica quién actuó, cuándo y bajo qué autoridad, lo que permite integrar el cumplimiento normativo y la auditabilidad en las operaciones cotidianas, en lugar de tener que reconstruirlas luego de que se producen.
Menos papel, menos errores. Las facturas, las autorizaciones y la documentación de apoyo se gestionan de forma digital, y los controles automatizados reducen los errores que suelen producirse en los procesos fragmentados y manuales.
Mejor información para tomar decisiones. Contar con datos consolidados y consistentes en un sistema en común permite que los informes se elaboren con mayor rapidez y que tanto las agencias que gestionan los programas como los responsables de la situación financiera general del Gobierno puedan confiar en ellos con mayor seguridad.
Estas son las capacidades que el sistema está diseñado para ofrecer según va operando por completo. La puesta en marcha es el momento en el que ese trabajo comienza a producirse, no el momento en el que finaliza.
¿Qué vendrá después?
Un sistema de este tamaño demuestra su valor con el paso del tiempo, mediante un uso constante y disciplinado. Varios pasos siguen a continuación. La Fase 1 comienza con un periodo de estabilización en el que las agencias se adaptan a los nuevos procesos y la estructura de apoyo resuelve los asuntos que suele generar cualquier transición a gran escala. El Gobierno completará sus primeros ciclos contables completos con la nueva plataforma. La Fase 2 incorporará al sistema, en 2027, los recursos humanos y la nómina, que constituyen el ámbito más delicado desde el punto de vista operacional. Y, a largo plazo, el Gobierno necesitará una organización permanente que se encargue del mantenimiento de la plataforma, rija su configuración y amplíe su alcance a medida que evolucionen las necesidades.
El alcance del sistema también tiene un límite que conviene señalar claramente. La Fase 1 y la Fase 2 abarcan las agencias del Gobierno Central, es decir, las aproximadamente sesenta entidades que dependen del sistema contable central. Las corporaciones públicas de Puerto Rico, que gestionan sus propias finanzas mediante estructuras independientes, no forman parte de esta implementación. Varias de ellas están adoptando de forma independiente la misma plataforma, Oracle Cloud, lo que, con el tiempo, podría facilitar su eventual integración en un panorama financiero más unificado, aunque eso sigue siendo un objetivo a largo plazo más que un compromiso actual. Por ahora, la meta consiste en lograr una estructura financiera en común para el Gobierno Central, lo que supone en sí mismo una consolidación sustancial y sienta las bases para una futura ampliación, según lo permitan las circunstancias.
Un progreso tangible
Implementar un sistema financiero en todo el Gobierno Central es una tarea de gran envergadura, llevada a cabo a lo largo de varios años con el esfuerzo conjunto del Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión, junto con la OGP, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología de Puerto Rico, la oficina de gestión de proyectos, los equipos de implementación y las numerosas agencias y empleados públicos que han hecho posible la transición.
La puesta en marcha marca el cumplimiento de una meta importante en ese trabajo. También es un comienzo. Las ventajas de un sistema financiero unificado, unos controles más estrictos, una presentación de informes más clara y una mayor transparencia sobre la administración de fondos públicos no se obtienen de la noche a la mañana, sino a lo largo de los años en los que el sistema se utiliza, se mantiene y se mejora. Ese es el trabajo que se está llevando a cabo.
