Proceso de revisión legislativa

El proceso de revisión legislativa de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico es un componente importante de su misión de ayudar a Puerto Rico a lograr y mantener la responsabilidad fiscal.

La Ley PROMESA requiere que el gobernador presente a la Junta de Supervisión toda ley promulgada junto con un estimado formal de cualquier impacto futuro de cada ley en los gastos e ingresos además de una certificación de que es o no significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado correspondiente. PROMESA también permite que la Legislatura solicite una revisión preliminar no vinculante de la Junta de Supervisión con respecto a la legislación pendiente para determinar si los proyectos de ley son consistentes con el plan fiscal certificado correspondiente.

Revisión legislativa: Leyes

La Sección 204(a) de PROMESA requiere que el gobernador de Puerto Rico presente a la Junta de Supervisión cada ley nueva para su revisión dentro de un plazo de siete días hábiles a partir de su promulgación.

La presentación del gobernador debe incluir un estimado formal de cualquier impacto de la nueva ley sobre los gastos e ingresos. Este estimado debe ser elaborado por una entidad apropiada del Gobierno de Puerto Rico con experiencia en presupuestos y administración financiera.

La misma entidad gubernamental también debe certificar si la ley bajo revisión es o no significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado correspondiente. La Sección 204(a)(2) de PROMESA describe este proceso en detalle.

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The Data Room is currently an online repository for documents supporting the Disclosure Statement that accompanies the Plan of Adjustment for the Commonwealth, ERS, and PBA (as amended or modified from time to time, and including all exhibits thereto, the “Plan”). The Oversight Board created the Data Room to provide creditors with additional information and documents in connection with the approval of the Disclosure Statement.  The Data Room is available to all creditors of the Commonwealth, ERS, and/or PBA and their representatives.

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La Ley 60-2021 proporciona un mecanismo para otorgar incentivos fiscales a determinados médicos especialistas. Durante su revisión de esta nueva ley, la Junta de Supervisión informó a la AAFAF que no la consideraba consistente con el Plan Fiscal Certificado para el Estado Libre Asociado. El 16 de junio de 2022, la Junta de Supervisión envió una carta a la AAFAF sobre dicha ley, en la que parcialmente afirmaba lo siguiente: “Dada la clara intención del Gobierno de implementar la Ley a pesar de nuestras objeciones, la Junta de Supervisión ha reducido el presupuesto del AF2023 del Estado Libre Asociado en $47 millones para reflejar la pérdida de ingresos de la Ley 60”. El 21 de octubre de 2022, la Junta de Supervisión envió su carta más reciente a la AAFAF en relación con la Ley 60, en la que solicitaba que el Gobierno le presentara la orientación administrativa propuesta con respecto a las “limitaciones vinculantes sobre el número de decretos [de incentivos fiscales] que se pueden otorgar” para prevenir “riesgos anuales sustanciales para el Plan Fiscal [Certificado del 2022 para el Estado Libre Asociado]”.
La Ley 67-2022 busca crear el Distrito Deportivo Roberto Clemente y un fondo relacionado con el Distrito. La AAFAF presentó, en nombre del gobernador, un estimado y una certificación que afirman que la ley es neutral en cuanto a los ingresos; también citó fondos de asignaciones federales y donaciones privadas. El 1 de septiembre, después de haber revisado la presentación, la Junta de Supervisión envió a la AAFAF una carta en la que solicitaba información adicional sobre el proyecto propuesto. La Junta de Supervisión y la AAFAF continúan manteniendo correspondencia sobre la información solicitada y el proyecto propuesto.
La Ley 136-2020 busca aumentar el salario base de los enfermeros del sector público y ordenar que todo el personal de enfermería elegible sea compensado de acuerdo con una nueva escala salarial. En su carta del 6 de julio de 2022, la Junta de Supervisión señaló que, a pesar de la apariencia de una posible brecha de financiamiento de seis meses, entendía que “incluyeron fondos suficientes en el presupuesto del Estado Libre Asociado del AF2023 para cubrir los aumentos salariales establecidos en la Ley 136 durante el periodo de seis meses anterior al inicio del [Plan de Remuneración Uniforme]”, que proporcionaría fondos a partir del 1 de enero de 2023.
La Resolución Conjunta 30-2021 tiene como objetivo establecer un mecanismo de excepción de emergencia de acuerdo con el Código de Incentivos de Puerto Rico para otorgar incentivos a médicos especialistas o subespecialistas a fin de atender las emergencias médicas de los centros de salud pública de Puerto Rico. El 27 de julio de 2022, después de haber revisado la presentación de la Sección 204(a) del gobernador con respecto a la resolución, la Junta de Supervisión envió a la AAFAF una carta en la que “ordena al gobernador de conformidad con la Sección 204(a)(4) de PROMESA que proporcione un estimado formal completo y una certificación actualizada”.
La Ley 52-2022 modifica el marco fiscal para las entidades fuera de Puerto Rico que adquieren productos fabricados en la Isla. Tras una estrecha colaboración entre la Junta de Supervisión y Hacienda, la Junta de Supervisión y el Gobierno llegaron a un acuerdo “para manejar [el riesgo de un impacto negativo en los ingresos del Estado Libre Asociado] y garantizar que la Ley 52 sea neutral desde el punto de vista de los ingresos”. La carta más reciente de la Junta de Supervisión responde a una carta del 25 de agosto de 2022 de La Fortaleza en la que se confirma que el Gobierno implementará las disposiciones detalladas en la carta del 18 de agosto de la Junta de Supervisión.
La Ley 53 permite que los retirados elegibles sean nuevamente empleados por una entidad pública a tiempo parcial sin dejar de recibir los pagos de la pensión siempre que las horas trabajadas y la remuneración recibida no superen la mitad de lo que recibiría un trabajador a tiempo completo al realizar el trabajo. En su carta del 18 de noviembre de 2022 a la AAFAF, la Junta de Supervisión expresó su preocupación por el hecho de que permitir que regresen al trabajo los exempleados del Estado Libre Asociado que se hayan retirado bajo programas de retiro incentivado podría agregar costos no presupuestados al PayGo del Estado Libre Asociado. La Junta de Supervisión también expresó su preocupación por la implementación de la Ley 53 con respecto a los retirados de la Ley 80-2020, suponiendo que la Junta de Supervisión y el Gobierno lleguen a un acuerdo final que permita la implementación parcial del programa de retiro temprano de la Ley 80-2020. Por tanto, la Junta de Supervisión advirtió “al Gobierno que, dado que el Gobierno ha manifestado que la implementación de los programas de retiro anticipado de la Ley 80 no pondrá en peligro la prestación de servicios esenciales, el reempleo de los retirados de la Ley 80 con el fin de garantizar la continuidad de los servicios es inconsistente con las declaraciones y garantías del Gobierno que sustentan la Orden [Ley 80] que ambas partes acordaron”.
La Ley 50 enmienda disposiciones de la Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. La Junta de Supervisión ha revisado la Ley y concluido que la Sección 6 permitiría al Instituto de Ciencias Forenses eludir los requisitos del Plan Fiscal, incluidos aquellos relacionados con las reformas del servicio público contempladas en el Capítulo 12 del Plan Fiscal. La Junta de Supervisión también notificó al Gobierno que la presentación de la Sección 204(a) del gobernador no había cumplido con los requisitos de estimado formal y certificación de PROMESA ni había identificado las deficiencias que se debían abordar.

Revisión legislativa: Proyectos de Ley

La Legislatura de Puerto Rico también puede solicitar una revisión preliminar de la Junta de Supervisión con respecto a la legislación pendiente y su consistencia con el plan fiscal certificado correspondiente, tal y como se detalla en la Sección 204(a)(6) de PROMESA.

Durante el proceso de revisión, la Junta de Supervisión determina si la legislación propuesta es o no consistente con el plan fiscal certificado correspondiente. Si considera que la ley propuesta no es consistente con el plan fiscal certificado correspondiente o determina que la ley violaría otras disposiciones de PROMESA, la Junta de Supervisión explicará su determinación al legislador solicitante y, de ser necesario, ofrecerá su colaboración con el legislador en el proceso de reforma de la medida para garantizar su consistencia con el plan fiscal certificado.

Al reconocer que la revisión de la legislación pendiente es preliminar y que los proyectos de ley pueden cambiar antes de su aprobación, PROMESA establece que las determinaciones de la revisión preliminar no son vinculantes y, aunque se promulguen los proyectos de ley, el gobernador aún deberá cumplir con el proceso de presentación de leyes recién promulgadas para revisión, tal como se ha discutido anteriormente y conforme a la Sección 204(a)(1)-(5) de PROMESA.

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El Proyecto del Senado 819 busca reformular la distribución y uso del Fondo de Mejoras Municipales (FMM). Las distribuciones de este fondo entre los municipios están actualmente a cargo de los legisladores. El proyecto de ley propone cambiar ese modelo por uno en el que 50% del FMM se distribuya equitativamente entre los municipios y el 50% restante se distribuya proporcionalmente según la población, supeditado a que los municipios cumplan con un Programa de Presupuesto Participativo (PPP). La Junta de Supervisión concluyó que, tal como está redactado, el P. del S. 819 es inconsistente con el Plan Fiscal Certificado del 2022 para el Estado Libre Asociado, ya que las ambigüedades del P. del S. 819, particularmente en lo que respecta al PPP, socavan la responsabilidad fiscal.
La Resolución Conjunta del Senado 292, entre otros asuntos, ordena a la AAFAF que identifique fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y asigne $1 millón al Departamento de Salud de Puerto Rico (DS) para realizar un estudio sobre la implementación de un programa de salud universal en Puerto Rico. Asimismo, la Resolución Conjunta del Senado 296 ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a Hacienda que asignen $1 millón del Fondo General al DS para lograr el mismo fin. La carta de la Junta de Supervisión del 26 de julio de 2022 explica su conclusión de que los proyectos de ley son inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado para el Estado Libre Asociado porque proponen reducir los ingresos o aumentar los gastos sin proporcionar ahorros compensatorios ni nuevos ingresos.
El Proyecto del Senado 894 busca establecer un salario base para los profesionales del trabajo social tanto en el sector público como en el privado. El proyecto de ley fijaría los salarios base en $3,989 al mes o $20.77 por hora. La carta de la Junta de Supervisión del 16 de septiembre de 2022 concluye que el proyecto de ley es inconsistente con el Plan Fiscal Certificado del 2022 porque aumenta selectivamente los ingresos de ciertos empleados públicos en contravención de la iniciativa integral de la Reforma del Servicio Público.
El Proyecto del Senado 903 busca, entre otros asuntos, realizar una asignación inicial de $100 millones al Fondo de Equiparación Municipal además de proveer financiamiento recurrente mediante la transferencia del 20% de los recaudos del arbitrio sobre el petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo. En su carta del 25 de agosto de 2022, la Junta de Supervisión explica su determinación de que el proyecto de ley es inconsistente con el Plan Fiscal Certificado del 2022 para el Estado Libre Asociado porque “aumentaría el gasto sin proporcionar ahorros compensatorios o ingresos alternativos adecuados para abordar las transferencias propuestas a los municipios”. La carta de la Junta de Supervisión aclara que, “si bien la Junta de Supervisión entiende los importantes servicios que prestan los municipios, su financiamiento debe lograrse de manera responsable y en cumplimiento con el Plan Fiscal”.
La Resolución Conjunta del Senado 310 busca asignar $20 millones del Presupuesto General para el Año Fiscal 2022-2023 a fin de proporcionar fondos a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas relacionadas con los programas de bienestar social, salud, educación y cultura, en cumplimiento de la Ley 20-2015. La carta de la Junta de Supervisión del 26 de julio de 2022 transmitía que la Junta de Supervisión “no considera que la R. C. del S. 310 sea inconsistente con el Plan Fiscal o que viole PROMESA”.

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Revisión legislativa: Proyectos de interés

En ocasiones, Junta de Supervisión también comenta sobre ciertos proyectos de ley que pudieran ser inconsistentes con algún plan fiscal o con PROMESA y que no se presentan para revisión bajo la Sección 204(a)(6) de PROMESA.

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El Proyecto del Senado 728 propone varias medidas para que la AEE recaude los balances adeudados y para el uso obligatorio de los ingresos, principalmente al priorizar el recaudo de las cuentas pendientes de pago que mantienen las entidades públicas con la AEE. El 7 de octubre de 2022, la Junta de Supervisión envió una carta al gobernador y al liderazgo legislativo en la que compartía sus preocupaciones de que el proyecto de ley era inconsistente con los Planes Fiscales Certificados para el Estado Libre Asociado y la AEE, de modo que perjudicaría o anularía los propósitos de PROMESA.

La Resolución Conjunta de la Cámara 323 propone ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico (“DEPR”) que lleve a cabo un proceso de Solicitud de Propuestas para comprar ciertos purificadores de aire a fin de implementar un sistema de desinfección de aire y superficies en todas las escuelas públicas de Puerto Rico. El 18 de julio de 2022, la Junta de Supervisión envió una carta al gobernador y al liderazgo legislativo informándoles que “la R. C. de la C. 323 es probablemente inconsistente con el Plan Fiscal”. Posteriormente, el gobernador vetó la medida.

El Proyecto de la Cámara 1383 establecería condiciones obligatorias para la reestructuración de la deuda de la AEE, entre ellas, que las tarifas al consumidor nunca superen los 20 ¢/kWh y que los bonistas de la AEE no reciban más de 25% de recuperación. La carta de la Junta de Supervisión al gobernador y al liderazgo legislativo explica que el P. de la C. 1383 “impacta negativamente la autoridad exclusiva de la Junta de Supervisión bajo PROMESA para presentar un plan de ajuste” y establece que “la Junta de Supervisión probablemente determine que perjudica o anula los propósitos de PROMESA”.
El Proyecto de la Cámara 1103 busca restablecer a la Compañía de Turismo de Puerto Rico como corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La carta de la Junta de Supervisión del 27 de junio de 2022 explica que el proyecto de ley es inconsistente con el Plan Fiscal Certificado del 2022 para el Estado Libre Asociado y que su implementación violaría PROMESA.

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