Deuda

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó la ley PROMESA en junio de 2016 para permitir que Puerto Rico restructure su deuda y logre responsabilidad fiscal.

PROMESA estableció la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, con tal de asistir al Gobierno de Puerto Rico y a sus instrumentalidades a manejar sus finanzas.

En el 2016, Puerto Rico enfrentaba una carga insostenible de más de $72 mil millones en deuda y más de $55 mil millones en obligaciones de pensiones no financiadas sin una vía legal para reestructurar las obligaciones del gobierno y estabilizar sus finanzas.

Puerto Rico había perdido el acceso a los mercados de capital. PROMESA brinda un mecanismo para que la Junta de Supervisión negocie con los acreedores a nombre de Puerto Rico con tal de ajustar la deuda. Una de las metas de PROMESA es que Puerto Rico recobre un “acceso adecuado a los mercados crediticios de corto y largo plazo a tasas de interés razonables para satisfacer las necesidades de endeudamiento del gobierno territorial.

La deuda

La deuda de Puerto Rico de $72 mil millones se emitió por más de una docena de entidades públicas, desde el propio gobierno central y el sistema de retiro de empleados públicos hasta corporaciones públicas separadas como la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico. El tamaño de estas reclamaciones se extiende desde menos de $40 millones hasta más de $18 mil millones cada una.

El gobierno central por sí mismo ha tenido que separar en promedio unos $2,700 millones en pagos de deuda a los acreedores, que han alcanzado la cantidad de hasta $4,200 millones.

Desde el 2016, el Gobierno de Puerto Rico no ha hecho pagos a la deuda. PROMESA le permite al Gobierno de Puerto Rico detener los pagos a la deuda mientras la Junta de Supervisión trabaja en acuerdos con los acreedores para reducir la deuda a un nivel sostenible.

Las obligaciones del sistema de retiro público totalizan alrededor de $55 mil millones. El sistema de retiro más grande en la isla contaba con fondos para cubrir apenas el 1% de sus obligaciones. Incluso los estados con sistemas de retiro público con fondos gravemente insuficientes, entre ellos Nueva Jersey, Kentucky e Illinois, aún mantienen una proporción de fondos de más de 30%.

Es por eso que, bajo PROMESA, a los retirados se les consideran como acreedores no asegurados. Los retirados hubiesen dejado de recibir cheques de pensión si esos pagos no estuviesen incluidos en el Plan Fiscal para Puerto Rico y el Gobierno no sacara de su presupuesto general de operaciones para pagar los beneficios de retiro.

Los acreedores

Más de 165,000 acreedores han sometido evidencias de reclamación. Los acreedores incluyen desde fondos mutuos y de cobertura hasta individuos residentes en Puerto Rico y jubilados que son elegibles para recibir una pensión del gobierno, entre otros.

Análisis exhaustivo de la deuda

En agosto de 2018, la Junta de Supervisión presentó un informe investigativo de más de 600 páginas sobre la deuda y los factores que contribuyeron a la crisis fiscal en Puerto Rico, resultado de una pesquisa independiente por la firma Kobre & Kim LLC.

  • El informe investigó la deuda de Puerto Rico desde el 2006. Indagó sobre cuánta deuda se emitió y el uso de los ingresos. Profundizó en las prácticas de emisión y venta de deuda; la gama de instrumentos de deuda; cómo se comparan las prácticas de deuda de Puerto Rico con las de los estados y las jurisdicciones municipales grandes; y cómo la deuda finalmente contribuyó al déficit presupuestario estructural de Puerto Rico.

  • El investigador independiente revisó aproximadamente 260,800 documentos que constan de aproximadamente 2.7 millones de páginas y entrevistó a 120 testigos, entre ellos varios funcionarios y exfuncionarios gubernamentales de alto nivel, aseguradores, agencias de calificación y profesionales y asesores externos.

Mecanismos para ajustar la deuda
tingey-injury-law-firm-yCdPU73kGSc-unsplash

PROMESA provee mecanismos para la reestructuración de esta deuda, principalmente mediante dos Títulos de la ley:

  • El Título III de PROMESA sigue aproximadamente la ley de quiebras de los EE.UU. Los acreedores de Puerto Rico se dividen en grupos según los diferentes derechos legales de sus reclamos, como el tipo de bonos que poseen u otros reclamos, como las pensiones. La Junta de Supervisión negocia planes de ajustes para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles, sujeto a un proceso de confirmación por parte del tribunal federal. Algunos grupos de acreedores pueden rechazar el plan, pero una vez que el tribunal lo confirma, se vuelve vinculante para todos los grupos, incluso para aquellos que lo rechazaron.
  • El Título VI de PROMESA requiere que todos los grupos de acreedores acepten el plan antes de que el tribunal pueda confirmarlo, y está dirigido principalmente a deudas financieras, no a pensiones u otros tipos de reclamos.

PROMESA otorgó a la Junta de Supervisión el mandato y la autoridad para renegociar la deuda de Puerto Rico y reducir los pagos de la deuda a un nivel sostenible.

La Junta de Supervisión esta renegociando la deuda de Puerto Rico con un objetivo principal: llegar a un acuerdo consensuado con los mejores intereses de Puerto Rico en mente y con el mayor número posible de participantes.

La deuda de Puerto Rico y el proceso de reestructuración

Reestructuraciones de deuda completadas

La Junta de Supervisión ha logrado avances sustanciales en el ajuste de la deuda de Puerto Rico, la reestructuración de deuda más grande en la historia del mercado de bonos municipales.

Junto con el Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión ya completó la reestructuración de más de un tercio de la deuda, $28 mil millones, y está en negociación para completar la reestructuración de otros $45 mil millones de deuda del Gobierno de Puerto Rico y de la AEE.

En febrero de 2019, el Tribunal de Distrito de los EE.UU. aprobó el Plan de Ajuste para la Corporación de Financiamiento del Impuesto sobre las Ventas de Puerto Rico (COFINA), la primera reestructuración de deuda completada bajo el Título III de PROMESA.

  • Redujo $18 mil millones de la deuda de COFINA en $ 6 mil millones, a $ 12 mil millones.
  • Redujo los pagos del servicio de la deuda en un 32%, ahorrándole al pueblo de Puerto Rico aproximadamente $17.5 mil millones que ahora estarán disponibles para apoyar las necesidades financieras del gobierno central.

En mayo de 2017, el Gobierno de Puerto Rico y el BGF firmaron un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) con una parte significativa de los acreedores del BGF para reestructurar la deuda del BGF bajo el Título IV de PROMESA. El RSA se modificó en abril de 2018.

  • Redujo alrededor de $5 mil millones de deuda en más de $2 mil millones, a aproximadamente $3 mil millones, reduciendo el valor nominal de las reclamaciones en un 45%.
  • Los pagos de la deuda están asegurados por el flujo de efectivo del BGF de ciertos activos heredados sin recurrir al Gobierno de Puerto Rico.
  • El efecto de la reestructuración amortigua a los municipios al compensar los préstamos que adeudan al BGF por el monto total de sus depósitos en el BGF.

 

En agosto de 2019, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) y el Gobierno de Puerto Rico llegaron a un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, en inglés) y el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) para una modificación consensuada de aproximadamente $1,000 millones en préstamos pendientes bajo la Sección 207 de PROMESA.

  • Reduce los pagos del servicio de la deuda de la AAA sobre los préstamos del programa del gobierno de los EE.UU. por aproximadamente $380 millones durante los próximos 10 años.
  • Elimina aproximadamente $1,000 millones en reclamos de garantía contra el Gobierno de Puerto Rico.
  • Provee a la AAA acceso a $400 millones en nuevos fondos federales mediante varios programas de agua limpia durante los próximos cinco años, en apoyo del esfuerzo continuo de la AAA para mejorar la calidad y seguridad del agua para el pueblo de Puerto Rico.

Reestructuraciones de deuda en curso

Gobierno de
Puerto Rico

En septiembre de 2019, la Junta de Supervisión presentó ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU. su Plan de Ajuste propuesto para reestructurar $35 mil millones de deuda y otros reclamos contra el Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Sistema de Retiro de Empleados; y más de $50 mil millones de dólares en obligaciones de pensiones. La Junta de Supervisión enmendó el Plan de Ajuste en febrero de 2020.

En marzo de 2020, la Junta de Supervisión solicitó al Tribunal de Distrito de los EE.UU. que suspendiera el proceso de confirmación del Plan de Ajuste para permitir una evaluación exhaustiva del efecto de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico y su economía.

En octubre de 2020, la Junta de Supervisión reanudó las negociaciones de ajuste de deuda con los acreedores, al proponer un Plan de Ajuste enmendado que refleja el efecto severo de la pandemia en el panorama económico a largo plazo de Puerto Rico.

AEE

En mayo de 2019, la Junta de Supervisión, el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico llegaron a un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) con los tenedores de bonos y la aseguradora de bonos Assured Guaranty Corp. para ajustar la deuda de $10 mil millones de la AEE.

En marzo de 2020, la Junta de Supervisión solicitó al Tribunal de Distrito de los EE.UU. que suspendiera el proceso de confirmación de la RSA para permitir una evaluación exhaustiva del efecto de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico y en su economía.

La Junta de Supervisión ha reanudado las negociaciones de ajuste de la deuda con los acreedores.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn