Deuda

Proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico

La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico de 2016 (PROMESA) le permite a Puerto Rico reestructurar su deuda y alcanzar la responsabilidad fiscal.

Cuando se promulgó PROMESA, Puerto Rico se enfrentaba a una carga insostenible de más de $70,000 millones en deuda y más de $55,000 millones en pasivos de pensiones no financiados, sin ninguna vía legal para reestructurar estos pasivos y estabilizar sus finanzas. Puerto Rico había perdido el acceso a los mercados de capital.

PROMESA proporciona los mecanismos para reestructurar esta deuda:

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  • El Título III de PROMESA es un tanto similar la ley de quiebras de Estados Unidos. Los acreedores de Puerto Rico se separan por grupos en función de los diferentes derechos legales de sus reclamaciones, como el tipo de bonos que poseen u otras reclamaciones, como las pensiones. La Junta de Supervisión negocia planes de ajustes para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles, sujeto a un proceso de confirmación por parte del tribunal federal. Algunos grupos de acreedores pueden rechazar el plan, pero una vez el tribunal confirma el plan, se vuelve vinculante para todos los grupos, incluso para aquellos que lo rechazaron.
  • El Título VI de PROMESA exige que todos los grupos de acreedores acepten el plan antes de que el tribunal pueda confirmarlo, y su enfoque principal es la deuda financiera, no las pensiones u otros tipos de reclamaciones.
La Junta de Supervisión representa a Puerto Rico en el proceso de reestructuración de la deuda y negocia con un objetivo general: alcanzar acuerdos consensuados en el mejor interés de todas las partes interesadas para dar fin a la quiebra de Puerto Rico al amparo de PROMESA.

La Junta de Supervisión, junto con el Gobierno de Puerto Rico, ha reestructurado hasta la fecha cerca del 80% de la deuda pendiente de Puerto Rico, al reducir el pasivo total de más de $70 mil millones a una cifra sostenible de $37 mil millones, lo que ahorrará a Puerto Rico más de $50 mil millones en pagos del servicio de la deuda. El proceso de reestructuración de la deuda continúa.
  1. Las reclamaciones previo a PROMESA incluyen ~$9 mil millones de deuda en bonos y ~$1 millón en fondos GUC estimados según la Declaración de Divulgación enmendada del Título III de la AEE presentada el 3 de marzo de 2023
  2. Las obligaciones de ~$2,500 millones posterior al plan representan el valor estimado que la AEE puede proporcionar para apoyar a los acreedores conforme al Análisis de Sostenibilidad de la Deuda incluido en el Plan Fiscal certificado de 2023 para la AEE, con fecha del 23 de junio de 2023
  3. as obligaciones de ~$ 1 mil millones posterior al plan liquidan ~$ 6 mil millones en reclamos relacionados con el ELA bajo el Plan de Ajuste de la ACT y respaldados por los ingresos de peaje de la ACT
  4. Las reclamaciones previo a PROMESA incluyen ~$19 mil millones en Bonos de Obligación General de la AEP, unos GUC estimados en ~$3 mil millones y SRE de ~$3 mil millones, así como ~$2 mil millones de la AFI y ~$450 millones de CCDA y MBA (otras entidades de recuperación)
  5. Las obligaciones posteriores al Plan incluyen reclamos de Obligaciones Generales; pero excluyen reclamaciones de IVC
  6. El servicio de la deuda previo a PROMESA del Plan Fiscal Certificado de 2022 y el Servicio de Inversionistas de Moody’s “Gobierno Estatal – Medianas de los EE. UU.”, 2020. (La cifra de Moody’s 2015 se ajustó para excluir el servicio de deuda de la ACT).
  7. El servicio de la deuda posterior al plan representa el servicio de la deuda del Estado Libre Asociado para el AF23, incluyendo COFINA, como un porcentaje de los ingresos propios.

Para obtener copias de los documentos presentados en los casos del Título III, visite https://cases.ra.kroll.com/puertorico. También puede obtener copias de los documentos llamando al +1 (844) 822-9231.

Reestructuraciones de deuda realizadas

El 18 de enero de 2022, la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó el Plan de Ajuste para el Gobierno de Puerto Rico con el propósito de reestructurar $33 mil millones en pasivos contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Sistema de Retiro de Empleados (SRE); y más de $55 mil millones en pasivos de pensiones a la cantidad sostenible de $7 mil millones. El Plan de Ajuste entró en vigor el 15 de marzo de 2022 y concluyó un importante capítulo de la mayor quiebra del sector público en la historia de los Estados Unidos.

El Plan de Ajuste para el Estado Libre Asociado:

  • Reduce el total de los pagos del servicio de la deuda del Estado Libre Asociado (incluyendo los bonos senior de COFINA) en más de un 60%, de $90.4 mil millones a $34.1 mil millones, de modo que le ahorra a Puerto Rico sobre $50 mil millones en pagos del servicio de la deuda.
  • Reduce la carga del pago de la deuda de 25 centavos de cada dólar en impuestos y cuotas recaudadas por el gobierno previo a PROMESA a menos de 7 centavos.
  • Protege y preserva las pensiones mediante la creación de un fideicomiso de reserva de pensiones que se proyecta recibirá $10 mil millones en aportaciones a lo largo de 10 años.
  • Por primera vez extiende la elegibilidad al Seguro Social a los maestros y jueces, los únicos servidores públicos que continuaban sin acceso.
  • Restablece más de $1.2 mil millones de las aportaciones de 50,000 empleados a las pensiones nocionales de Sistema 2000.
  • Brinda a los miembros del sindicato AFSCME/SPU bonos al firmar y aumenta las aportaciones patronales al seguro médico que reciben.
  • Resuelve cientos de litigios que, de otro modo, costarían decenas de millones de dólares en honorarios legales.
  • Dispone el pago íntegro a los pequeños proveedores de la Administración con reclamaciones de escasa cuantía y a determinadas reclamaciones de los empleados públicos

En febrero de 2019, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos aprobó el Plan de Ajuste para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA), la primera reestructuración de la deuda completada bajo el Título III de PROMESA.
  • Redujo $6 mil millones a la deuda de COFINA, de $18 mil millones a $12 mil millones.
  • Redujo los pagos del servicio de la deuda en un 32%, lo que le ahorra al pueblo de Puerto Rico aproximadamente $17.5 mil millones que ahora estarán disponibles para apoyar las necesidades financieras del gobierno central.
Documentos:

En mayo de 2017, el Gobierno de Puerto Rico y el BGF firmaron un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) con una parte significativa de los acreedores del BGF para reestructurar la deuda del BGF bajo el Título IV de PROMESA. El RSA se enmendó en abril de 2018.

  • Redujo $2 mil millones de la deuda, de unos $5 mil millones a unos $3 mil millones, reduciendo así el valor nominal de las reclamaciones en un 45%.
  • Los pagos de la deuda están garantizados por el flujo de efectivo del BGF procedente de determinados activos heredados sin tener que recurrir al Gobierno de Puerto Rico.
  • El efecto de la reestructuración resguarda a los municipios al compensar los préstamos que debían al BGF con la cantidad total de sus depósitos en el BGF.
Documents:
En agosto de 2019, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) y el Gobierno de Puerto Rico llegaron a un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, en inglés) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en inglés) sobre la modificación consensuada de unos mil millones de dólares en préstamos pendientes bajo la Sección 207 de PROMESA.
  • Reduce los pagos del servicio de la deuda de la AAA que corresponden a los préstamos del programa del Gobierno de los Estados Unidos en unos $380 millones durante los próximos 10 años.
  • Elimina aproximadamente mil millones en reclamaciones de garantía contra el Gobierno de Puerto Rico.
  • Brinda a la AAA acceso a $400 millones en nuevos fondos federales por medio de varios programas de agua limpia a lo largo de los próximos cinco años para apoyar el esfuerzo continuo de la AAA a fin de mejorar la calidad y seguridad del agua para el pueblo de Puerto Rico.
Documentos:

El 12 de octubre de 2022, la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico confirmó el Plan de Ajuste de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT).

El Plan entró en vigor el 6 de diciembre de 2022. Redujo los $6,400 millones en reclamos de la ACT en más de un 80 % y le ahorró a Puerto Rico sobre $3,000 millones en pagos del servicio de la deuda.

El Plan de Ajuste crea una base financiera firme para garantizar que se les dé mantenimiento y se mejoren las carreteras y el sistema de transportación público de Puerto Rico. La ACT ahora podrá implementar las reformas del sector de la transportación establecidas en los Planes Fiscales certificados del Estado Libre Asociado y de la ACT.

Documentos:

En marcha la reestructuración de la deuda

La Junta de Supervisión continúa en finalizar la reestructuración de la deuda de la AEE, la cual es clave para que continúe mejorando la actividad económica en la Isla.

El 16 de diciembre de 2022, la Junta de Supervisión presentó su Plan de Ajuste propuesto para reestructurar sobre $10,000 millones en deuda y otras reclamaciones contra la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). El Plan, enmendado en marzo, propuso recortar la insostenible deuda de la AEE en casi un 50%, a unos $5,680 millones, y debería brindar la estabilidad financiera necesaria para invertir en un sistema energético moderno, resistente y fiable para Puerto Rico. En junio, la Junta de Supervisión anunció que enmendaría el Plan de Ajuste para reducir la deuda a aproximadamente $2,500 millones, tras una determinación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico de reducir las reclamaciones de los bonistas y las proyecciones actualizadas de los gastos de la AEE en el Plan Fiscal revisado de la AEE.

“La quiebra detuvo la transformación del sistema energético de Puerto Rico”, expresó el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel. “El Plan de Ajuste para la AEE es un gran paso adelante”.

Contexto

Deuda

Desde que el gobernador Alejandro García Padilla declaró impagable la deuda de Puerto Rico en 2015, la incapacidad de Puerto Rico de pagar su deuda ha obstaculizado la recuperación económica, lo cual ha afectado la vida de cada residente y el éxito de cada empresa.

PROMESA abrió un camino para acabar con esta crisis. Dicha ley ofrece a Puerto Rico una oportunidad inexistente en ningún estado de los Estados Unidos: un proceso formal similar a la quiebra municipal para reestructurar su deuda a un nivel asequible. La Junta de Supervisión presentó un Plan de Ajuste ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que reducía la deuda en un 80% y ahorraba a Puerto Rico más de $50,000 millones en pagos del servicio de la deuda.

La deuda de Puerto Rico fue emitida por más de una docena de entidades públicas, desde el propio Gobierno central y el sistema de retiro de los empleados públicos hasta corporaciones públicas independientes, como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico.

Acreedores

Más de 165,000 acreedores han presentado evidencias de reclamaciones. Los acreedores van desde fondos mutuos y de cobertura hasta individuos residentes de Puerto Rico y retirados con derecho a recibir una pensión del Gobierno, entre otros.

Revisión exhaustiva de la deuda

El proceso de resolución de la crisis fiscal de Puerto Rico depende en gran medida de una información precisa sobre la magnitud y naturaleza de la deuda. Por ello, la Junta de Supervisión encargó una investigación de la enorme deuda en 2017. Según la Sección 104(o) de PROMESA, la Junta de Supervisión estaba autorizada a «investigar la divulgación de la información y las prácticas de venta en relación con la compra de bonos emitidos por un territorio cubierto». La Junta contrató a la empresa de investigación independiente Kobre & Kim LLC para llevar a cabo la investigación de la deuda. En agosto de 2018, la Junta presentó el informe de más de 600 páginas de Kobre & Kim sobre la deuda y los factores que contribuyeron a la crisis fiscal de Puerto Rico. Enlace al informe aquí.
  • El informe investiga la deuda de Puerto Rico desde 2006, tanto la cantidad de deuda emitida como el uso de las ganancias. Examina con detenimiento las prácticas de emisión y venta de deuda, la gama de instrumentos de deuda, cómo se comparan las prácticas de deuda de Puerto Rico con las de los estados y las grandes jurisdicciones municipales, y cómo la deuda contribuyó en última instancia al déficit presupuestario estructural de Puerto Rico.
  • El investigador independiente revisó unos 260,800 documentos que consisten en casi 2.7 millones de páginas y entrevistó 120 testigos, incluidos antiguos y actuales funcionarios de alto nivel jerárquico en la administración pública, suscriptores, agencias de calificación, así como profesionales y asesores externos.
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Con base en los hallazgos del informe, la Junta de Supervisión, junto con el Comité de Acreedores No Garantizados, impugnó la legitimidad de $6,000 millones de la deuda del Estado Libre Asociado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Finalmente, se resolvieron los asuntos relativos a la «validez» de la deuda con el Plan de Ajuste.

Hacia el futuro

Con el fin del periodo de crisis financiera de Puerto Rico, gran parte del futuro económico de la Isla y su sostenibilidad están en manos del Gobierno electo. El futuro de Puerto Rico dependerá de su compromiso con la responsabilidad fiscal para crear un crecimiento económico sostenible a largo plazo y evitar la práctica pasada de gastar en exceso. El Plan de Ajuste estableció una Política de Manejo de la Deuda para evitar que Puerto Rico repitiera los errores del pasado que llevaron a la acumulación de su deuda insostenible.
  • La nueva deuda solo puede utilizarse para financiar mejoras capitales, no déficits operacionales.
  • El refinanciamiento de la deuda solo es permisible si ahorra dinero a Puerto Rico y no aumenta el capital pendiente. El refinanciamiento sin ahorros solo es permisible en respuesta directa a una catástrofe natural o emergencia similar.
  • La nueva deuda no puede tener un vencimiento superior a treinta años y el refinanciamiento de la deuda no puede ampliar los plazos de pago de la deuda existente (con algunas excepciones, como en el caso de las viviendas públicas).
  • El pago de toda nueva deuda debe comenzar en los dos a cinco años siguientes a su emisión.

Para obtener copias de los documentos presentados en los casos del Título III, visite https://cases.ra.kroll.com/puertorico. También puede obtener copias de los documentos llamando al +1 (844) 822-9231.