La mala administración de los fondos del Gobierno en el pasado de Puerto Rico es una de las principales razones por las que se creó la Junta de Supervisión. Las administraciones anteriores gastaron dinero que Puerto Rico no tenía. El desenlace fue la quiebra del Gobierno – y del sistema de pensiones. Uno de los mandatos de la Junta de Supervisión según la ley es garantizar la responsabilidad fiscal, y una de sus misiones principales es evitar los errores del pasado.
Cuando el Gobierno promulgó la Ley 80 en agosto de 2020, nuevamente pasó por alto llevar a cabo un análisis completo de cuánto costarían los nuevos beneficios de retiro y cómo cubriría los gastos adicionales. Durante más de un año, la Junta de Supervisión estuvo comprometida en explorar junto al Gobierno formas de hacer que las leyes fueran sostenibles. Hasta el momento, el Gobierno no ha proporcionado a la Junta de Supervisión un análisis completo de cómo hacer sostenible la Ley 80.
El Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico invalidó la Ley 80 a menos que el Gobierno y la Junta de Supervisión pudieran llegar a un acuerdo para implementar las disposiciones de retiro temprano incentivado establecidas en la Ley 80 que, según el tribunal ordenó en diciembre de 2021, “creara ahorros por encima del nivel de ahorro requerido en el actual Plan Fiscal certificado o de otra manera satisficiese alguna otra métrica que las partes acordaran”. La Junta de Supervisión procura cumplir con la orden de la jueza.
El primer paso para llegar a un posible acuerdo es que el Gobierno cumpla con la vía trazada en la orden judicial. El Gobierno debe proporcionar descripciones de los puestos que propone eliminar en cada agencia y el ahorro neto proyectado que resultará de la eliminación de tales puestos, teniendo en cuenta el costo incremental de proporcionar el beneficio de retiro temprano incentivado. Tras este análisis, la Junta de Supervisión y el Gobierno deben acordar un plan de implementación.
El Gobierno no ha proporcionado la información completa requerida. A pesar de que el Gobierno reveló que alrededor de 11,000 empleados de aproximadamente 150 agencias y municipios habían elegido participar en el programa de retiro temprano contemplado en la Ley 80 a partir de abril de 2021, el análisis del Gobierno solo toma en cuenta aproximadamente 1,100 empleados de siete agencias. Para estas siete agencias, el análisis que busca identificar ahorros para cubrir los potenciales costos permanece incompleto, y tal análisis tendría que incluir las agencias restantes.
Aunque el Gobierno reconoce que tiene la intención de transferir empleados de otras agencias para cubrir los puestos designados como «esenciales», el Gobierno no ha identificado quiénes serán estos empleados transferidos. Además, el enfoque del Gobierno considera a los «empleados esenciales» como reemplazables, que pueden ser sustituidos simplemente por alguien de otra agencia, sin tener en cuenta la base de conocimientos o el conjunto de aptitudes. Además, el Gobierno nunca ha aceptado una aplicación limitada de la Ley 80.
Evidentemente, el análisis para identificar el ahorro que cubra los posibles costos requiere más trabajo.
La Junta de Supervisión continúa receptiva a encontrar una solución, pero se está agotando el tiempo. El Gobernador y su administración deben proporcionar los datos necesarios para cumplir con la orden judicial. La Junta de Supervisión espera continuar trabajando con el Gobernador para ayudar a Puerto Rico a crear una economía que les permita a todos los puertorriqueños prosperar.
