La piedra angular de un sector energético eficaz es un regulador de energía políticamente independiente y con un financiamiento adecuado. El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) es precisamente esto. Entre sus funciones más importantes está monitorear a las empresas de servicios públicos y contratistas, fijar tarifas eléctricas y garantizar la forma más eficaz de generar energía. El NEPR es también un elemento importante para aumentar la transparencia.
El NEPR se creó en 2014, pero la transformación del sistema energético de Puerto Rico definida por la Ley 17-2019 y el Plan Fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que la Junta de Supervisión certificó le dieron más potencia al NEPR. Aumentaron el financiamiento para garantizar la eficacia y una verdadera independencia.
¿Por qué es tan importante? Antes de que el NEPR fuera un poderoso regulador, la AEE, un monopolio propiedad del gobierno, tomaba importantes decisiones empresariales, entre ellas cómo gastar el dinero y cómo fijar las tarifas eléctricas, basándose en lo que quería el gobierno y no en lo que necesitaban los clientes. Eso no redundó en el mejor interés de Puerto Rico. La AEE ignoró sistemáticamente las inversiones necesarias y el mantenimiento diferido del sistema eléctrico y se concentró en reaccionar a los problemas en lugar de ser proactiva en prevenirlos. Las decisiones arbitrarias y políticamente motivadas contribuyeron a la quiebra de la AEE. Como resultado, el sistema eléctrico de la isla se volvió anticuado, poco fiable y propenso a averías, una realidad con la que los residentes de Puerto Rico siguen lidiando hoy día.
Un ejemplo de la función del NEPR es determinar los costos y beneficios de la medición neta. Este programa puede ser una manera eficaz de animar a los consumidores individuales a invertir en energía verde y, por lo tanto, requiere de estudio y una calibración cuidadosos por parte de un regulador experimentado y aislado de la influencia política que compromete la evaluación objetiva de la política.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa aprobó y el gobernador firmó la Ley 10 de 2024. Esta ley perjudicaría la independencia del NEPR.
El Gobierno había encomendado al NEPR la realización de un estudio sobre la actual política de medición neta y distribución de energía de Puerto Rico, así como la implementación de los cambios en la estructura de medición neta de la AEE que considerase oportunos a partir de los resultados del estudio.
La Ley 10 suspende esta encomienda y obliga al NEPR a rehacer su estudio sobre medición neta y distribución de energía, pero no hasta enero de 2030. La Ley 10 especifica además que el NEPR no puede cambiar la presente estructura de medición neta hasta que se complete el estudio y, a continuación, establece que cualquier cambio solo puede entrar en vigor 12 meses después de que el NEPR decida realizarlo.
Esto significa que la Ley 10 obliga a mantener la actual estructura de medición neta al menos hasta 2031, y probablemente mucho más allá. La Ley 10 refleja no solo una preocupante desviación de la política del Gobierno y del requisito de los Planes Fiscales en cuanto a la necesidad de que la AEE sea administrada por un regulador independiente y experimentado, sino también un claro ejemplo de su vital importancia.
Antes promulgarse la Ley 10, el NEPR tenía previsto introducir cambios en el programa de medición neta basados en los resultados de un estudio abarcador que estaría sujeto a comentarios públicos y tendría en cuenta una serie de factores clave e implicaciones del programa, incluyendo los costos.
En virtud de la Ley 10, el Gobierno decidió repentinamente, sin vistas públicas ni estudios, mantener el presente programa de medición neta. Este tipo de interferencia en la gestión de la AEE es una de las causas de sus retos al momento, que es precisamente por lo que el Gobierno creó el NEPR y por lo que los Planes Fiscales ordenan que la AEE sea regulada por un regulador independiente.
