El proceso de revisión legislativa de la Junta de Supervisión y Administración Financiera es un componente importante para fortalecer y mantener la responsabilidad fiscal de Puerto Rico.
La Ley PROMESA requiere que el gobernador presente cada nueva ley a la Junta de Supervisión junto con un estimado formal de cualquier impacto en los gastos e ingresos. También permite que la Legislatura solicite a la Junta de Supervisión una revisión preliminar de la legislación pendiente para contrastar los proyectos de ley con el Plan Fiscal Certificado y el Presupuesto Certificado.
¿Cuál es la importancia? Se debe garantizar que Puerto Rico no repita los errores del pasado que llevaron a la isla a la quiebra.
Durante el proceso de revisión de la legislación pendiente, los legisladores pueden contrastar el proyecto de ley en cuestión con el Plan Fiscal Certificado y el Presupuesto Certificado para garantizar que se identifican los ingresos recurrentes o los ahorros necesarios para cubrir los gastos adicionales.
Para el año fiscal 2022, la Junta de Supervisión revisó más de 75 proyectos de ley. En conjunto, el impacto de estos proyectos de ley supera los $900 millones anuales, sin compensar los ahorros ni proporcionar nuevos ingresos. Alrededor del 85% de los proyectos de ley revisados no eran consistentes con el Plan Fiscal Certificado, lo que pone de manifiesto que queda mucho trabajo por hacer para cumplir este importante mandato y adoptar un cambio efectivo y a largo plazo en la administración financiera del Gobierno.
Sin embargo, se ha logrado un progreso. El senador Juan Zaragoza Gómez y su personal en la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado merecen el crédito por trabajar con la Junta de Supervisión. Uno de los principales logros es el trabajo conjunto para desarrollar y promulgar la legislación local sobre el crédito tributario por ingreso del trabajo. La Junta de Supervisión busca ampliar esta colaboración con los legisladores en beneficio de Puerto Rico.
El gobernador también debe presentar las normas, reglamentos, órdenes administrativas y órdenes ejecutivas a la Junta de Supervisión para que los revise y se asegure de que son consistentes con el Plan Fiscal Certificado. En el año fiscal 2022, la Junta de Supervisión realizó 54 revisiones, de las cuales 45 fueron aprobadas, seis fueron aprobadas con condiciones y tres fueron denegadas.
La Legislatura aprueba demasiadas leyes fiscalmente irresponsables que meramente añaden gastos sin proporcionar los fondos necesarios para financiar las nuevas promesas hechas al pueblo ni presentar evaluación alguna de los verdaderos costos que representan para el contribuyente. Puerto Rico aún no cuenta con una institución equivalente a la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C.
El Plan Fiscal incluye $3 millones anuales para la creación de una oficina no partidista en la Legislatura que produzca un análisis fiscal y una puntuación de las medidas legislativas, y la Junta de Supervisión espera que los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado comiencen a crear esta importante oficina pronto.
Lea más en el Informe Anual de la Junta de Supervisión para el 2022 aquí.
