Durante los primeros 16 años de este siglo, el Gobierno de Puerto Rico gastó más dinero del que recaudó en ingresos (impuestos, cuotas y asistencia del Gobierno Federal). Esto fue lo que llevó a Puerto Rico a la quiebra.
Durante los pasados ocho años, los presupuestos certificados por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico garantizaron que el gasto se mantuviera dentro de lo que Puerto Rico puede pagar. El presupuesto de $33,300 millones que los miembros de la Junta de Supervisión certificaron para el año fiscal 2025, que comenzó el 1 de julio de 2024, sostiene esta tendencia.
- Los ingresos del Fondo General excluyen la fuente de financiamiento.
- Los valores presupuestarios proceden del presupuesto certificado original. La disminución del presupuesto del AF2017 responde principalmente a la eliminación del servicio de la deuda.
- Los gastos reales del AF2016 no incluyeron el pago completo del servicio de la deuda.
- Los datos reales del AF2022 utilizaron efectivo acumulado de superávits de años anteriores para pagar las liquidaciones resultantes del Plan de Ajuste.
Fuente: Importe auditado de los Estados Financieros Básicos, Figura: “Estado de Ingresos y Gastos-Presupuesto y Base Presupuestaria Real- Fondo General”.
El gasto incluye importantes inversiones en salud, educación e infraestructura. El presupuesto también incluye nuevas disposiciones para controlar el gasto público fuera del proceso presupuestario a lo largo del año fiscal, ya que un presupuesto no solo debe estar balanceado al principio del año, sino que debe permanecer balanceado al final del año fiscal. De lo contrario, el Gobierno acabará con un déficit presupuestario, como ocurrió durante tantos años antes de promulgarse PROMESA.
Los errores del pasado no pueden repetirse, y por esta razón, el Gobierno debe mantenerse dentro de su presupuesto y evitar gastar lo que no tiene. Lograrlo, requiere un proceso para establecer prioridades de gasto y disciplina. Sin embargo, incluso antes de que se certificara el presupuesto para el presente año fiscal, la Asamblea Legislativa ya había aprobado proyectos de ley de gastos que no estaban incluidos en el borrador del presupuesto acordado, sin tener en cuenta sus costos estimados. Muchos proyectos de ley se aprobaron sin tan siquiera haber evaluado de antemano su posible impacto fiscal.
Estos proyectos de ley costarían a los contribuyentes de Puerto Rico unos $900 millones solo en el año fiscal en curso, y al menos $6,000 millones en los próximos 20 años. Si estos proyectos se hubieran convertido en ley y se hubieran implementado, el presupuesto pudiera haber vuelto a entrar en déficit.
Cosa que no debe suceder. El Gobierno debe mejorar su desempeño.
Piense en su hogar: Cuando piensa en renovar la cocina, primero pide estimados del costo del trabajo. Elige sus enseres y se asegura tener el dinero necesario. Cuando comienza la obra, se asegura de mantenerse dentro del presupuesto que ha determinado viable. Lo que hizo la Legislatura fue como añadir un baño a la renovación de la cocina sin asegurarse de contar con dinero para pagarlo.
Por esta razón, el presupuesto certificado incluye nuevas disposiciones que ahora exigen que la Legislatura y la Rama Ejecutiva certifiquen que el dinero que gastan está realmente disponible. La nueva estipulación presupuestaria exige además que todos los proyectos de ley de gastos cumplan con el Plan Fiscal para Puerto Rico.
El Gobierno, como los hogares, debe ajustarse a su presupuesto. Si un hogar tiene un presupuesto mensual de $3,000 para cubrir sus gastos, tales como vivienda, comida, transportación y servicios públicos; no puede gastar $500 adicionales. Gastar de más con regularidad conduce a deudas y más deudas, y en algunos casos puede llevar a la quiebra.
Se necesita disciplina para garantizar que los presupuestos estén equilibrados y que se mantengan equilibrados a lo largo del año fiscal. Puerto Rico debe romper con el patrón de gastar sin presupuestar, aprobar leyes y arreglárselas para pagarlas después y gastar lo que no tiene para financiar compromisos en años futuros, y la Junta de Supervisión seguirá trabajando con el Gobierno para garantizar que la disciplina fiscal sea permanente.
La disciplina fiscal no significa austeridad, sino un manejo responsable de los recursos financieros. Permite la inversión en áreas como infraestructura, educación y salud. En el presente año fiscal 2025, aumentamos el presupuesto para incluir inversiones importantes y necesarias en salud, seguridad pública, servicios sociales y educación superior, entre otras. El presupuesto incluye inversiones en educación superior y en el servicio público de Puerto Rico para garantizar que el Gobierno cuente con una fuerza laboral robusta creada en función del mérito, la competencia y los logros, y añade financiamiento a los municipios para los servicios que prestan a los residentes.
Los presupuestos establecen prioridades para garantizar que haya dinero disponible para financiarlas. La disciplina fiscal significa mantenerse dentro de sus posibilidades para garantizar que las prioridades establecidas puedan financiarse hoy, mañana y en años futuros.
¿Cómo inculcar una mejor disciplina? La Junta de Supervisión desarrolló un proceso abarcador para evaluar los cambios presupuestarios a lo largo del año, con el fin de garantizar que haya suficientes fuentes de financiamiento para cubrir las necesidades operacionales. Además, la Junta de Supervisión está publicando informes financieros trimestrales que brindan un análisis detallado de la situación fiscal de Puerto Rico y de los riesgos financieros reales de las proyecciones de gasto multianuales, los cuales se basan en leyes vigentes y servicios actuales.
Sin embargo, el gobierno debe continuar construyendo procesos y sistemas fiables permanentes que aporten las herramientas para mantener la disciplina financiera y la responsabilidad fiscal. El Plan Fiscal define ocho áreas clave en las que el Gobierno debe centrarse para establecer prácticas permanentes y sólidas de administración y supervisión financiera:
- Proyecciones económicas y de ingresos mejoradas. El Gobierno deberá establecer un proceso para elaborar una proyección de ingresos multianual consensuada.
- Mejores prácticas de administración presupuestaria. El gobierno deberá establecer un marco presupuestario global que incluya la contratación, presupuestación, administración de ingresos y la gestión del rendimiento.
- Abarcador programa de ejecución de proyectos de capital. Sin un plan a largo plazo, Puerto Rico no sabría cómo priorizar las inversiones y maximizar las fuentes de financiamiento para garantizar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir sus necesidades de infraestructura.
- Mejora de la administración de los recursos educativos. El gobierno deberá apoyar una educación de alta calidad para los niños y estudiantes de educación superior de Puerto Rico que sea equitativa, fiscalmente sostenible y transparente.
- Mejora de los servicios prestados al público y de las relaciones laborales. El Gobierno deberá emprender reformas significativas para mejorar los servicios que brinda a la población mediante la creación de un servicio público más eficiente y la resolución de los desafíos relativos a las relaciones laborales.
- Un gasto en servicios de salud controlado, basado en resultados y datos. El Gobierno debe asumir un papel activo para apoyar la mejora de los resultados en el ámbito de salud pública y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud de Puerto Rico.
- Informes financieros mejorados y transparentes. El Gobierno deberá atender las deficiencias en la administración fiscal, dar seguimiento y presentar información clave sobre la situación financiera de Puerto Rico, como aquella relativa al rendimiento de los ingresos y los gastos.
- Optimización del manejo fiscal municipal. La Junta de Supervisión continuará colaborando con el Gobierno y los municipios para mejorar el rendimiento y la rendición de cuentas mediante un sistema reestructurado de subvenciones y transferencias que incentive a los municipios a tener un desempeño adecuado en áreas clave de los servicios municipales, incluyendo los procesos de permisos.
El proceso presupuestario de Puerto Rico se tiene que mejorar. PROMESA exige responsabilidad fiscal, y un presupuesto responsable significa que cada dólar gastado debe justificarse, tanto en el gobierno como en cualquier hogar o empresa.
La aprobación del presupuesto es algo más que una decisión financiera; es una declaración de prioridades del gobierno y un compromiso de invertir en el futuro del pueblo de Puerto Rico, sin gastos que devuelvan a Puerto Rico al déficit.
