David Skeel, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera
El año fiscal 2022 fue un punto de inflexión para Puerto Rico, sobre todo en lo que concierne la estabilización de las finanzas de Puerto Rico y la reestructuración de partes significativas de la deuda. Además, el Gobierno y la Junta de Supervisión trabajaron juntos para comenzar a cambiar la forma en la que el gobierno ha trabajado durante generaciones, demostrando que una estrecha colaboración puede llevar a la realización de numerosas iniciativas para mejorar los servicios públicos y hacer que las agencias gubernamentales sean más eficaces.
Se han logrado importantes metas cruciales que allanan el camino hacia un nuevo crecimiento económico.
En primer lugar, el tribunal del Título III confirmó el Plan de Ajuste con el fin de reducir la deuda del Gobierno de Puerto Rico en un 80%, resolviendo así la mayor parte de la enorme deuda de Puerto Rico. Fue la mayor y más compleja reestructuración de deuda del sector público en la historia de los Estados Unidos.
En segundo lugar, el presupuesto que la Junta de Supervisión certificó podría ser el primer presupuesto verdaderamente equilibrado del gobierno central desde que comenzó la crisis fiscal de Puerto Rico hace más de una década. Lo sabremos con certeza cuando se completen los estados financieros auditados.
En tercer lugar, el Gobierno y la Junta de Supervisión trabajaron juntos en desarrollar una Agenda de Administración Financiera e implementar una reforma integral del servicio público de Puerto Rico. La agenda apoyará la estabilidad, el restablecimiento del acceso a los mercados de deuda y el cese de la Junta de Supervisión al amparo de PROMESA tan pronto como sea razonablemente posible. La Reforma del Servicio Público alineará las capacidades de la fuerza laboral del Gobierno y contratará y retendrá mejor el talento adecuado.
Sin embargo, siguen existiendo muchos retos. El Gobierno debe mantenerse en este nuevo rumbo hacia la responsabilidad fiscal y el cambio efectivo para evitar que Puerto Rico vuelva a caer en los patrones del pasado.
Demasiadas leyes que aprueba la Legislatura son fiscalmente irresponsables, pues simplemente añaden gastos sin proporcionar los fondos necesarios para sufragar estas promesas ni evaluar los verdaderos costos a los contribuyentes. La responsabilidad fiscal dicta que los gastos recurrentes deben cubrirse con ingresos recurrentes, no con fondos federales de estímulo que se recibirán una sola vez.
Puerto Rico todavía no cuenta con una institución equivalente a la Oficina Presupuestaria del Congreso en Washington, D.C., que estime el impacto en el gasto y los recaudos gubernamentales que resultan de la legislación adoptada o propuesta y realice análisis fiscales. Por ahora, la Junta de Supervisión es la única institución que evalúa tal impacto en la legislación local.
Tenemos que asegurarnos de que la disciplina de los últimos seis años se institucionalice y se convierta en la nueva tradición de Puerto Rico. Aunque un sinnúmero de asuntos continúa siendo motivo de división entre la Junta de Supervisión y el Gobierno, mi sincera esperanza es que demos continuidad a nuestros esfuerzos de cooperación para encontrar un terreno común.
La Junta de Supervisión seguirá trabajando para cumplir su mandato de ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico para los residentes y las empresas de la Isla.
Lea más en el Informe Anual de 2022 de la Junta de Supervisión aquí.
