El engaño de la Ley del “Retiro Digno»

Nuestros pensionados y empleados públicos merecen que los tratemos con respeto y les digamos la verdad. Como único miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, con derecho al voto, que reside en Puerto Rico, estoy comprometido con asegurar el mejor trato posible para todos nuestros pensionados y servidores públicos, y la mayor estabilidad económica para el futuro de este grupo tan importante de puertorriqueños.

Con ese propósito, la Junta de Supervisión aprobó un Plan Fiscal, consistente con la Ley Promesa, y negoció con los acreedores una solución para un retiro sostenible y responsable para nuestros pensionados. Nuestro plan provee:

• 100% de pago a todos los pensionados del sistema de retiro que cobran hasta $1,500 al mes, lo que protege a más del 72% de los pensionados.
• Una reducción de solo 8.5% a las pensiones de más de $1,500 al mes, asegurando los primeros $1,500 mensuales a todos nuestros pensionados.
• Restitución de 100% de los fondos e intereses del Sistema 2000. Esto equivale a una contribución de alrededor de $1,300 millones para subsanar el dinero que irresponsablemente el gobierno usó para otros fines y que representaba un futuro económico viable para miles de pensionados que día a día ahorraron este dinero con el sudor de su frente.
• Crea un mecanismo para asegurar que el dinero que generemos en superávits en años futuros se use para reducir más los cortes a las pensiones de más de $1,500.
• Reserva dinero en un fideicomiso de pensiones, ahora mientras la economía se encuentra fuerte, para garantizar que los fondos estén disponibles bajo todas las circunstancias en años futuros para pagar PayGo.

Logramos este plan mediante extensas y complicadas negociaciones, que incluyeron una reducción en la deuda de $35,000 millones a $7,000 millones (merma de 80%). Además, logramos reducir los pagos anuales de deuda (incluyendo COFINA), equivalente a un 30% del presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico, a menos de 8%.

¿Cuál es el problema con la “Ley de Retiro Digno”? La ley descarta el trato que negociamos con los bonistas de Obligación General, que es el principal motivo de la reducción de nuestra deuda de $35,000 millones a $7,000 millones. Entonces, aunque los políticos se atribuyen el mérito de los beneficios adicionales de la Ley de Retiro Digno para los retirados, no mencionan que la nueva ley socava todo el trato y significa que no habrá ningún acuerdo para nadie, incluidos los retirados. Tendríamos que empezar de nuevo y extendería el tiempo que permanecerá la Junta de Supervisión en la isla.

Esta ley repite todas las prácticas irresponsables que llevaron a Puerto Rico a la bancarrota, y tira por la ventana todos los logros de la Junta de Supervisión Fiscal para proteger a nuestros pensionados, sin preocupación alguna por lo que es mejor para nuestra gente. Como está diseñada, esta ley establece una clara bifurcación entre los objetivos de nuestro país y los intereses de nuestros políticos, y demuestra la obsesión de nuestra clase política de vender promesas inasequibles a cambio de votos. Una vez más, somos testigos de cómo se pretende vender sueños vacíos e imposibles de alcanzar, en vez de hacer lo que es correcto para el pueblo y las finanzas de nuestro gobierno. Cuando analizamos los detalles de esta legislación, las propuestas incluidas en esta ley demuestran que los arquitectos de esta medida están legislando para las gradas y no para el bien de Puerto Rico.

Los miembros de la Junta de Supervisión -como responsables de brindar un método para que Puerto Rico logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital conforme a la Ley Promesa- realizamos un esfuerzo considerable para comprender los efectos de la Ley del Retiro Digno y para evaluar si la ley se podía salvar. Nos reunimos con la legislatura y el gobernador, les escribimos múltiples cartas, y les explicamos las razones por las cuales esta ley no es compatible con el Plan Fiscal y por qué atenta contra el acuerdo que logramos con la mayoría de los acreedores del gobierno. Le presentamos evidencia empírica y clara al gobierno de por qué nuestro plan provee las protecciones necesarias a nuestros pensionados, de una forma responsable, pero salvaguardando la estabilidad fiscal de nuestro gobierno.

A pesar de nuestro extenso compromiso con el gobierno, los políticos promulgaron una ley que saben que no es viable y es contraproducente para los retirados y para Puerto Rico, simplemente para ganar votos.

Según ha admitido la misma AAFAF, esta ley viola múltiples secciones de la Ley Promesa, presume la disponibilidad de fondos para regresar a un sistema de pensiones que no es sostenible, que nuevamente provoca insuficiencias en el fondo de pensión, hipoteca el futuro de nuestro país, estableciendo beneficios para los cuales no hay dinero y les miente a nuestros pensionados y empleados de gobierno, prometiendo aumentos en beneficios para los cuales simplemente no hay dinero.

Esta ley, por más bonito y elocuente que suene su nombre, es una falta de respeto a nuestros pensionados y servidores públicos. Tenemos que exigir más de nuestros políticos; es hora de actuar como adultos responsables por el futuro de nuestra isla.