Editorial: Por qué sirvo en la Junta

Desde que comencé a trabajar en la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, muchos amigo y allegados me han preguntado, por qué acepté convertirme en uno de los siete miembros de este organismo tan controversial y sumamente criticado. Yo me uní a la Junta porque quiero contribuir a un mejor futuro para Puerto Rico y la Junta de Supervisión ofrece una oportunidad, no solo para resolver nuestra crisis fiscal, sino también para mejorar nuestras instituciones gubernamentales y proporcionar una fundación sólida para el crecimiento económico a largo plazo de Puerto Rico.

Sin embargo, luego de leer y escuchar detenidamente a los detractores de la Junta de Supervisión, me di cuenta de que es necesario brindarles un raciocinio más completo de por qué esta Junta es una institución tan vital para Puerto Rico, no solo a quienes la critican, pero aún más importante, a los 3.2 millones de puertorriqueños a quienes represento como el único miembro de la Junta de Supervisión con derecho a voto que vive en Puerto Rico. Es imperativo compartir esta información factual, además de dejar claro por qué el trabajo de la Junta de Supervisión es tan importante para todos los puertorriqueños y para el futuro de nuestra isla, y por qué es un honor haber sido seleccionado por el presidente de los EE.UU. para ser miembro de la Junta.

Editorial por el miembro de la Junta de Supervisión:

Es muy fácil demonizar a la Junta de Supervisión y a sus miembros. Nos han llamado de todo, desde “tiranos” y «dictatoriales» hasta «perversos», con el objetivo de politizar nuestros objetivos con la esperanza de detener el cambio que Puerto Rico necesita.

Pero, ¿por qué se legisló PROMESA en el Congreso de los EE.UU., y se creó la Junta de Supervisión? Nuestros funcionarios electos llevaron a Puerto Rico a la bancarrota más grande del sector público en la historia de los EE.UU. Podemos discutir sobre cómo se usaron los fondos, quién tiene la culpa y si la emisión de deuda para cubrir los gastos recurrentes fue la política pública adecuada sin un plan para impulsar el crecimiento económico.

Pero sigue siendo un hecho: en 2016, Puerto Rico debía más de $72,000 millones, a través de varios instrumentos de deuda y repartidos entre muchas entidades gubernamentales. El fondo de retiro del Gobierno, que es la fuente de ingresos de aproximadamente 167,000 puertorriqueños, se agotó. En total, Puerto Rico debía alrededor de $127,000 millones en 2016, incluyendo la deuda a los pensionados. Los pagos del servicio de la deuda del Gobierno por sí solos se habían convertido en casi el 30% de los ingresos gubernamentales por impuestos y cuotas. El pago de la deuda era insostenible sin la protección de los procedimientos de quiebra.

Además, hemos enfrentado huracanes, terremotos y la pandemia de COVID-19. Hemos perdido cerca de 100,000 puestos de trabajo en el sector manufacturero desde el año 2000, y miles de empleos en los comercios de venta al por menor, restaurantes y puestos de servicios durante los pasados años. Más de 500,000 puertorriqueños emigraron en la última década. La economía cayó en una larga recesión.

Si PROMESA no se hubiera promulgado, el costo de cualquier posible acuerdo con acreedores tenaces habría sido astronómico.

PROMESA fue la respuesta del Congreso de los EE.UU. a la propia solicitud de ayuda de Puerto Rico. Tras importantes deliberaciones en un Washington D.C. dividido, en conjunto, todas las partes encontraron una solución: PROMESA. Puerto Rico recibió una protección por bancarrota muy necesaria, pero con el requisito de que un organismo objetivo supervisaría la reestructuración de la deuda y las finanzas de la isla: la Junta de Supervisión.

Cuando PROMESA fue aprobada, la mayoría de las personas estuvo de acuerdo en que la Junta de Supervisión era necesaria para resolver nuestros problemas. Si bien la opinión pública cambia con el tiempo, la mayoría de los puertorriqueños todavía estamos de acuerdo en que nuestros sistemas y procesos de gobierno son anticuados e ineficientes, nuestras carreteras están en mal estado, nuestro sistema educativo necesita cambiar para beneficiar a nuestros hijos, nuestro sistema de salud necesita mejorar y necesitamos ayudar a nuestra universidad a recuperar la fuerza para impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico.

Yo creo en la Junta de Supervisión y PROMESA porque sus objetivos están alineados con los objetivos de la mayoría de los puertorriqueños. La Junta de Supervisión y PROMESA se crearon con varios objetivos primordiales en mente: salir de la quiebra, acceso a los mercados de crédito y cuatro presupuestos balanceados consecutivos. Cuando se logren estos objetivos, la Junta de Supervisión dejará de existir. Yo trabajo para llevar a la conclusión a la Junta de Supervisión en la que sirvo.

Como parte de nuestros objetivos en la Junta, también debemos garantizar el crecimiento económico a largo plazo en asociación con el Gobernador y la Legislatura. Para promover un desarrollo económico sostenible, debemos implementar reformas estructurales que aseguren que Puerto Rico sea más competitivo. Los procesos gubernamentales tienen que ser más eficientes para que no volvamos a enfrentarnos a la quiebra nunca más.

¿Es eso tan perverso? El verdadero obstáculo para alcanzar los objetivos de PROMESA es uno humano: el miedo al cambio.

Juntos podemos superar este miedo. Nuestra clase política y grupos de interés especial han operado durante demasiado tiempo en un entorno donde quien más fuerte grita es quien recibe la mayor atención, y más votos. Los beneficios para unos pocos se consideran nuestro «patrimonio». Como bien dijo John F. Kennedy: «El cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro.»

El logro de nuestros objetivos comunes para un mejor Puerto Rico requiere transformación. Debemos cambiar la forma en que hacemos las cosas, adoptar nuevas tecnologías, dar paso a nuevas ideas y darles la bienvenida a formas innovadoras de hacer las cosas. No solo tenemos que mejorar nuestros sistemas computarizados y nuestras prácticas de contabilidad, sino que también debemos aceptar nuevas maneras de hacer negocios en el gobierno, estando dispuestos a aceptar e implementar ideas que son diferentes o incluso contrarias a nuestra forma de hacer las cosas, y sustituir con algo nuevo lo que hemos siempre supuesto que es como deben ser las cosas.

Imagine que usted deja de pagar la factura de su tarjeta de crédito y la compañía de la tarjeta de crédito le perdona el 55% de su deuda. Eso es lo que ha propuesto la Junta de Supervisión para el Gobierno de Puerto Rico. Pero ahora imagine que sigue gastando como antes. Usted terminaría en bancarrota una vez más. ¿Cree que le darían una segunda oportunidad? Por tanto, no podemos gastar más de lo que ganamos, de la misma forma que el gobierno tiene que adaptar sus gastos a no ser mayores a sus recaudos.

La Junta de Supervisión debe impulsar un cambio significativo en la forma en que se gobierna Puerto Rico. Debemos reducir el gasto público. Debemos promover la ética y la transparencia. No debemos permitir que la política habitual y los grupos de intereses especiales perpetúen la forma en que siempre se han hecho las cosas. Nos merecemos algo mejor.

Examinemos lo que la Junta de Supervisión ha logrado hasta el momento:

  • Planes fiscales para proyectar ingresos y gastos, lo que brinda una ruta hacia la disciplina fiscal.

  • Ahorramos al pueblo puertorriqueño $17,500 millones a través de la reestructuración del servicio de la deuda de COFINA y unos $42,500 millones adicionales de la reestructuración de las Obligaciones Generales y la Autoridad de Edificios Públicos.

  • Se redujo el pago anual del servicio de la deuda de un promedio de $2,700 millones a $1,150 millones, menos de la mitad.

  • Definimos reformas estructurales para mejorar la educación, el capital humano, la infraestructura, la facilidad para hacer negocios y el sistema eléctrico de Puerto Rico.

Una vez que completemos la reestructuración de la deuda, incluida la AEE, Puerto Rico podría salir de la bancarrota, tal vez en 2022. Con ello se lograría el primer objetivo de la Junta de Supervisión de reestructurar la deuda para lograr el acceso a los mercados de capital.

Además, la Junta de Supervisión está trabajando estrechamente con el Gobernador y la Legislatura en la preparación del presupuesto de 2022. Todavía existen algunas diferencias entre las partes, pero este podría convertirse en el primer presupuesto balanceado en más de una década. Una vez logremos este objetivo, la Junta de Supervisión podría disolverse dentro de los próximos cinco años.

Para que esto suceda, debemos tener el valor de aceptar el cambio, adaptar nuestra forma de pensar y dejar atrás los intereses personales por el bien común. Es hora de que trabajemos juntos en beneficio de nuestros hijos.

Estoy agradecido y honrado por la oportunidad de ser miembro de la Junta de Supervisión, y trabajar en colaboración con mis compañeros miembros de la Junta y su personal, el Gobernador Pierluisi, su administración y la Legislatura para forjar un mejor futuro para Puerto Rico.

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