Una oferta de buena fe de $3 mil millones para concluir el último capítulo de la crisis de deuda de Puerto Rico y garantizar un suministro eléctrico confiable y asequible
San Juan, PR – 30 de junio de 2026 – La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció que ha propuesto un acuerdo a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) como parte de su esfuerzo para reducir sustancialmente el total de las reclamaciones presentadas por varios acreedores y dar fin a la quiebra de la AEE en virtud del Título III de PROMESA.
El 1 de junio de 2026, la Junta de Supervisión propuso un pago en efectivo o la emisión de nuevos bonos, o una combinación de ambos, por la suma de $3 mil millones, que se distribuirían entre los bonistas de la AEE que no han consentido a un acuerdo. Esta oferta de acuerdo supondría unos $1.4 mil millones adicionales a la contraprestación que se pagará a los bonistas que no han consentido a un acuerdo, bajo el presente Plan de Ajuste. El acuerdo de $3 mil millones equivaldría a una recuperación de aproximadamente el 35% de los $8.5 mil millones en reclamaciones presentadas en la fecha en que los bonistas que no han consentido a un acuerdo hicieron su solicitud, en comparación con la recuperación de aproximadamente el 19% que se dispone en el presente Plan. Aún no se ha determinado una fuente definitiva para cualquier pago en efectivo o para el pago del servicio de la deuda correspondiente a los nuevos bonos.
La oferta de liquidación radicada en el sistema Electronic Municipal Market Access (EMMA) se adjunta al prsente documento. El mediador principal ha informado a la Junta de Supervisión que los asesores de los bonistas no están recomendando a sus clientes que acepten la oferta ya que, al hacerlo, quedarían sujetos a restricciones para negociar. En consecuencia, la Junta de Supervisión procede de esta forma para divulgar la oferta públicamente.
“Tenemos que resolver la quiebra de la AEE”, afirmó el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica, Jr. “Puerto Rico deberá poder cerrar este último capítulo de su crisis fiscal y seguir adelante. Poner fin al caso del Título III de la AEE es fundamental para la recuperación de Puerto Rico —para dar paso a un servicio eléctrico confiable y asequible, así como a la nueva inversión que sus residentes y empresas merecen. Seguimos creyendo que es posible alcanzar una resolución consensuada, mediante mediación de las controversias restantes en el caso del Título III de la AEE”, afirmó.
La oferta de acuerdo refleja la dirección del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, el cual tiene jurisdicción sobre PROMESA, de continuar con la mediación para intentar alcanzar un acuerdo consensuado que resuelva la crisis de deuda de la AEE. El Tribunal ha instado a las partes a continuar procurando alcanzar un acuerdo, una obligación que la Junta de Supervisión está tomando muy en serio.
“La Junta de Supervisión ha mostrado una gran disposición —tanto a través de nuestro Plan de Ajuste como ahora, en el proceso de mediación— para alcanzar una solución justa y fiscalmente responsable”, afirmó Mujica. “Esta oferta representa una vía seria y de buena fe para concluir este caso, y exhortamos a los bonistas que aún no han consentido a que la acepten y pongan fin a la quiebra de la AEE —en beneficio de los acreedores, de la AEE y del pueblo de Puerto Rico, que merece un suministro eléctrico confiable y asequible”.
Varios acreedores, entre ellos los prestamistas de la línea de crédito para combustible y los acreedores no asegurados, así como algunos tenedores de bonos, ya han aceptado el Plan de Ajuste de la Junta de Supervisión para reestructurar la deuda de la AEE, y dichos acuerdos permanecerán en efecto. Aunque la Junta de Supervisión ha aumentado ahora su oferta, la mayoría de los bonistas aún no han aceptado el Plan ni han presentado una contrapropuesta para resolver la inercia en las negociaciones.
El Plan de Ajuste de la AEE propone resolver los más de $10 mil millones a los que asciende el total de deuda con todos los acreedores no relacionados con pensiones, incluyendo los bonistas, los prestamistas de la línea de combustible y los acreedores no asegurados. Si los bonistas aceptan el acuerdo propuesto, la recuperación total para todos los acreedores no relacionados con pensiones ascendería a $4 mil millones.
Además, la Junta de Supervisión indicó que estaba dispuesta a negociar un instrumento de valor contingente (IVC) basado en los aumentos reales del flujo de caja neto de la AEE derivado de los volúmenes de energía vendidos que superen las proyecciones del Plan Fiscal Certificado de 2025 para la AEE. El IVC propuesto pagaría a los bonistas un porcentaje negociado del aumento en el flujo de caja si los volúmenes de electricidad superan los volúmenes proyectados y dicho aumento en el flujo de caja supera el flujo de caja proyectado. La AEE no realizaría pagos en virtud del IVC cuando el volumen supere las proyecciones si el flujo de caja neto no aumenta también.
La Junta de Supervisión ha llevado a cabo 12 reestructuraciones de deuda para Puerto Rico mediante acuerdos consensuados y fiscalmente responsables con los tenedores de bonos, entre otros acreedores, lo que ha permitido eliminar hasta la fecha sobre $55 mil millones en pagos de deuda a lo largo de 40 años.
Todos los miembros actuales de la Junta de Supervisión han respaldado las reestructuraciones consensuadas llevadas a cabo desde sus respectivos nombramientos, incluida la reestructuración del Gobierno de Puerto Rico y de otras entidades que también contaron con el apoyo de la mayoría de los bonistas en el proceso de quiebra de la AEE.
La Junta de Supervisión continúa considerando que las negociaciones de buena fe, al igual que en las reestructuraciones anteriores, constituyen la mejor forma de resolver también la deuda de la AEE de manera eficiente y en beneficio de los residentes, las empresas y el sistema eléctrico de Puerto Rico. La Junta de Supervisión seguirá evaluando todas las opciones disponibles para lograr una resolución justa, sostenible y jurídicamente sensata para la reestructuración de la deuda de la AEE.