Esta columna fue publicada originalmente por El Nuevo Día el 4 de marzo de 2022
No soy de Puerto Rico y mi español es terrible. Mi nombramiento como miembro de la Junta de Supervisión fue por presidentes por quienes los puertorriqueños ni siquiera pueden votar.
Dicho esto, no me he postulado para ningún cargo ni tengo preferencia por ningún político o partido. No he recibido ni un céntimo por mi trabajo en la Junta. Mi interés por Puerto Rico no es financiero ni profesional ni político. Sin embargo, en los últimos cinco años he estado más involucrado en el futuro de la Isla y me preocupa que el gobierno desaproveche la oportunidad que le ha brindado la reciente resolución de la quiebra.
Puerto Rico goza de personas maravillosas, amables e inteligentes que se han visto afectadas por problemas que no han ocasionado. Seré franco: tras décadas de mala administración, la Isla se ha debilitado económicamente en casi todas las áreas, tales como la educación, el entorno empresarial y en el mercado laboral. No menciono esto para degradar a Puerto Rico, sino para evitar que se ignoren los problemas principales.
Consideren la siguiente estadística: las pruebas federales demuestran que el 91% de los alumnos de cuarto grado de Puerto Rico tienen una competencia “inferior a la básica” en matemáticas, la menor puntuación posible. Para dar contexto, en la ciudad estadounidense de Baltimore, conocida por tener algunas de las peores escuelas públicas del país, solo el 47% de los alumnos tienen un conocimiento matemático por debajo de lo básico. Los alumnos de Puerto Rico quedan en desventaja. Estas cifras sacuden la conciencia. Muchas familias de bajos ingresos hacen grandes sacrificios para pagar la matrícula de un colegio privado para sus hijos.
Sabiendo esto, la Junta de Supervisión consideró importante abordar el problema de décadas de ausentismo de los maestros. Ningún niño puede aprender sin un maestro en el salón de clases. La Junta propuso que un aumento salarial para los maestros de Puerto Rico, que están mal pagados, viniera acompañado de un sistema de asistencia computarizado para reducir el ausentismo. Ese sistema surgió cuando en el 2020 la Junta descubrió que el Departamento de Educación había pagado durante años millones de dólares a empleados que ya no trabajaban en el gobierno.
El gobierno no consideró el sistema de asistencia como prioritario y, al utilizar fondos fuera del control de la Junta, logró aumentar temporalmente el salario de los maestros sin el requisito mencionado. Los maestros merecían un aumento. Sí, pero si el gobierno no puede ni siquiera insistir en que los empleados públicos se presenten a trabajar, ¿se ocupará de los problemas verdaderamente abrumadores de arreglar la educación pública? Lo dudo y me parece que la mayoría de los puertorriqueños también.
El liderazgo también implica mantener conversaciones difíciles con el público. Por eso vuelvo a señalar un dato importante: durante décadas, Puerto Rico ha tenido una de las tasas de participación en la fuerza laboral más bajas del mundo. Si Puerto Rico lograra aumentar el empleo en la fuerza laboral reduciría drásticamente la pobreza. Por esto, para fomentar el trabajo, la Junta y los funcionarios electos han apoyado conjuntamente un crédito tributario por ingreso al trabajo para aumentar el salario de los trabajadores de menor ingreso, lo cual ha tenido buena acogida.
Sin embargo, Puerto Rico cuenta con leyes que, además de exigir un pago generoso de la licencia por vacaciones, la licencia por enfermedad y los días festivos para los trabajadores públicos, dificultan que las empresas despidan empleados. Según las investigaciones, entre ellas, la del Premio Nobel de Economía de 2021, el pago obligatorio de licencias reduce los salarios y las leyes de despido desalientan a los empresarios en cuanto a la contratación. Se puede argumentar que el pago obligatorio de licencias y la seguridad laboral son más importantes que el aumento salarial y la abundancia de empleos. No obstante, los funcionarios electos, en su mayoría, actúan como si esas compensaciones no existieran cuando prometen derogar, incluso, las modestas reformas laborales aprobadas en 2017.
La misma historia se puede contar a través de una variedad de temas. No se trata de que la Junta propone soluciones a un problema difícil, mientras que los políticos proponen otras. La Junta, aunque usted esté en desacuerdo con ella o incluso la considere ilegítima, intenta abordar problemas que el sistema político a menudo preferiría ignorar. Precisamente es la solución de esos problemas la base donde descansa la prosperidad futura de Puerto Rico. El Banco Mundial sitúa la “eficacia gubernamental” de la Isla en la posición número 122 del mundo, por detrás de Cuba y Albania. Además, coloca su capacidad de luchar contra la corrupción en la posición número 91. Sin una mejor gobernanza, Puerto Rico permanecerá por siempre mucho más pobre que el resto de Estados Unidos.
No señalo a ningún político o partido en concreto. Todos los problemas que he señalado existen desde hace décadas. Los funcionarios actuales no crearon estos problemas, sino que los heredaron. Sin embargo, cuando se toma posesión de un cargo, recae en uno la solución de dichos problemas. Todos deberíamos celebrar la salida de Puerto Rico de la quiebra, pero no con el regreso de los hábitos que volvieron a la Isla financieramente vulnerable.
