La seguridad pública es una responsabilidad fundamental de todos los gobiernos, ya que contribuye a garantizar el bienestar y la seguridad del público en general y de las empresas.
La ejecución de la ley y el orden brinda una sensación de seguridad a los residentes, empresarios y visitantes, permitiéndoles vivir su vida cotidiana, gestionar sus negocios y realizar diversas actividades con tranquilidad. Más allá de la vigilancia policial y el control de la criminalidad, el público también recibe asistencia en casos de accidentes, emergencias imprevistas y desastres naturales.
La seguridad pública también apoya la actividad económica al permitir que las personas trabajen, que las empresas operen y que se invierta en el turismo, la infraestructura y en otras áreas.
En Puerto Rico, las diferentes agencias gubernamentales que velan por la Seguridad Pública incluyen las siguientes seis: el Negociado de la Policía, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 y la Unidad de Investigaciones Especiales. En total, estas agencias emplean cerca de 15,000 servidores públicos en toda la isla.
Teniendo presente lo crucial que es la seguridad pública para el pueblo de Puerto Rico, la Junta de Supervisión y Administración Financiera continúa apoyando iniciativas que refuerzan esta importante área, lo que principalmente redunda en beneficio de los miembros de la policía y de los bomberos.
Por ejemplo, la Junta de Supervisión aprobó recientemente un aumento presupuestario de $10.1 millones para el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PPR) con el fin de cubrir la compra de 2,000 chalecos antibalas para sustituir los que habían expirado, 2,000 cámaras corporales y un aumento de los costos de una compra previamente aprobada de un avión CESNA para las Fuerzas Unidas de Rápida Acción. Esta asignación de fondos procederá del Fondo Fiduciario de Puerto Rico del gobierno central.
Al aprobar los fondos, la Junta de Supervisión señaló que la PPR “debería desarrollar un plan para asignar recursos recurrentes que apoyen la sustitución periódica de los chalecos antibalas expirados”. Además, la PPR debería desarrollar una estrategia para aumentar gradualmente el número de cámaras corporales cada año, planificar su futura sustitución en función de su vida útil e identificar el financiamiento recurrente necesario para mantener estos esfuerzos”.
La Junta de Supervisión también aprobó una solicitud separada de $12,735 millones del Departamento de Seguridad Pública para facilitar una compra única de uniformes para los Negociados de la Policía y del Cuerpo de Bomberos. Con esta aprobación presupuestaria unos 11,000 policías y 2,000 bomberos activos recibirán nuevos sombreros, botas, correas, camisas de manga larga y corta, pantalones y chaquetas. El nuevo equipo también atenderá ciertos problemas de seguridad subyacentes. En años recientes, los miembros de la policía y los bomberos recibieron un estipendio anual de $400 para comprar sus uniformes de una lista de proveedores autorizados. Sin embargo, aunque los proveedores cumplen con los requisitos básicos, hay algunas diferencias en el color y el aspecto general de las piezas. Esto podría suscitar algunas dudas e inquietudes entre el público general, ya que los miembros de la uniformada no portan uniformes completamente idénticos. Además, $400 al año no son suficientes para reponer un uniforme completo, pues esta cantidad apenas cubre un par de botas nuevas.
Es la primera vez en unos 12 años que los policías activos recibirán uniformes nuevos. En años recientes, solo los cadetes de la Academia de la Policía han recibido un conjunto completo de uniformes nuevos.
Tras esta compra única de uniformes, el Departamento de Seguridad Pública deberá presentar a la Junta de Supervisión un plan sobre cómo atenderá su necesidad recurrente de uniformes para los Negociados de la Policía y del Cuerpo de Bomberos, junto con un estimado de los costos recurrentes.
Otra solicitud que la Junta de Supervisión aprobó y que también beneficiará a las agencias encargadas de la seguridad pública en Puerto Rico provee $14,063 millones para cubrir los costos de reparación y reconstrucción del cuartel general del Negociado de la Policía en Hato Rey, la estación de El Tuque en Ponce, y reparaciones generales en múltiples estaciones de la Policía en toda la Isla. La Autoridad de Edificios Públicos solicitó los fondos e indicó que se invertirán $9 millones en el cuartel general del Negociado de la Policía en Hato Rey para atender reparaciones urgentes al sistema de aire acondicionado, reparaciones eléctricas, reparaciones de techo y ventanas, y remodelaciones de baños. El proyecto debería completarse en menos de dos años.
La fuente de financiamiento de las dos solicitudes presupuestarias para los uniformes nuevos y las renovaciones del cuartel general de Hato Rey y otras estaciones es el Fondo Fiduciario de Puerto Rico, bajo la custodia del Departamento de Hacienda.
La Junta de Supervisión también aprobó otra solicitud de $7.231 millones de la Autoridad de Edificios Públicos para cubrir los costos de modernización de la estación de la Policía ubicada en la Calle Loíza en San Juan. Los extensos trabajos para reparar este precinto incluyen pintar el exterior, instalar nuevos postes de luz y otros tipos de iluminación, reemplazar una verja y el portón de acceso, instalar puertas y ventanas a prueba de balas, mejorar los portones de las celdas, reemplazar los inodoros e instalar 12 cámaras de seguridad y una alarma contra incendios. Además, se renovará el sistema eléctrico, se instalará un nuevo generador y una cisterna de agua, así como un nuevo sistema de aire acondicionado. Según los detalles provistos en la solicitud, este proyecto tardará 19 meses en completarse. Los fondos para este proyecto en la Calle Loíza se reasignan de los Fondos de Ingresos Especiales de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
La seguridad pública es esencial tanto para el público en general como para las empresas. No solo garantiza la seguridad personal y el bienestar de la comunidad, sino que también apoya el desarrollo económico al crear entornos seguros y atractivos para la inversión y el turismo. Dado que el desarrollo económico es esencial para el futuro de Puerto Rico y que la seguridad de los residentes de la isla es fundamental para la calidad de vida, la Junta de Supervisión continuará trabajando con el Gobierno de Puerto Rico para apoyar a las agencias de seguridad pública.
