La función del regulador energético de Puerto Rico

La Ley 10 fue promulgada por el Gobierno de Puerto Rico en enero de 2024. La Ley 10 modifica la Ley Núm. 114 de 2007 (que estableció el Programa de Medición Neta de Puerto Rico) e impide que el regulador energético independiente de Puerto Rico, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), realice cualquier cambio en el programa de medición neta y distribución de energía actual hasta al menos 2031.

Eso significa que la Ley 10 socava la capacidad del NEPR para regular el sector energético de Puerto Rico.

La Ley 10 refleja una desviación preocupante de la política del Gobierno y del requisito de los Planes Fiscales en cuanto a la necesidad de que la AEE sea administrada por un regulador independiente y experimentado.

Este tipo de interferencia política en la gestión de la AEE es una de las causas de sus desafíos actuales, y es precisamente por eso que el Gobierno creó el Negociado de Energía y por lo que los Planes Fiscales ordenan que la AEE sea regulada por un regulador independiente.

Invalidar la Ley 10 NO cambiaría el programa actual de medición neta. Los términos de los clientes de la AEE que ya instalaron paneles solares no cambiarán si el tribunal invalida la Ley 10, y los nuevos clientes podrán seguir uniéndose al programa.

No. La energía renovable es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico, y la medición neta es una herramienta muy importante para hacer que la energía solar sea más accesible y asequible. Es por eso que la Junta de Supervisión apoya la medición neta y la energía renovable. Es el futuro de Puerto Rico.

La Ley Núm. 17 de 2019 exige que Puerto Rico alcance el 100% de energías renovables para el año 2050. Esto es algo que la Junta de Supervisión está de acuerdo en que debemos hacer y que defiende enérgicamente ante los tribunales contra los bonistas de la AEE que no creen que el objetivo de energía renovable sea posible. Continuaremos defendiendo el objetivo de alcanzar el 100% de energías renovables en Puerto Rico.

La Junta de Supervisión ha estado haciendo su parte para lograr los objetivos de energía renovable para Puerto Rico. La AEE había paralizado durante años la instalación de paneles solares.  Ahora, el total de sistemas interconectados ha aumentado en cerca de 120,000 hogares.

Al contrario de lo que algunos cabilderos quieren hacer creer al público, la Junta de Supervisión nunca propuso poner fin a la medición neta y no apoyaría tal propuesta. La energía solar en los techos continuará. Puerto Rico lo necesita.  La Junta de Supervisión lo apoya.

Uno de los elementos más importantes que se necesitan para garantizar la transformación energética de Puerto Rico y proporcionar al pueblo una electricidad más fiable es un regulador independiente que determine las reglas y las tarifas. La Legislatura de Puerto Rico lo entendió y, en 2019, transformó la Comisión de Energía de Puerto Rico en el Negociado de Energía de Puerto Rico como un regulador independiente en virtud de la misma ley que estableció los objetivos de energía renovable de la Isla.

La Ley 10 socava la capacidad del Negociado de Energía para regular el sector energético de Puerto Rico, porque, una vez más, se le quita al Negociado de Energía la autoridad crítica e importante de elaboración de normas y regulaciones.

La interferencia política en el sistema energético es uno de los retos actuales de la AEE. Durante décadas, las decisiones se tomaron basándose en intereses políticos, no en hechos y datos. Esto acabó mal. La AEE terminó en bancarrota y el pueblo terminó con una red de energía deteriorada y poco fiable.

No debemos volver a las políticas del pasado que fallaron al pueblo de Puerto Rico, en las que los intereses políticos y no una política energética sólida dictaban las operaciones de la AEE. 

La Ley 10 es un paso en la dirección equivocada. Invalidar la Ley 10 NO cambiaría el programa actual de medición neta. Los términos de los clientes de la AEE que ya instalaron paneles solares no cambiarán si el tribunal invalida la Ley 10, y los nuevos clientes podrán seguir uniéndose al programa.

El Negociado de Energía es el regulador energético independiente de Puerto Rico.

La Ley Núm. 57 de 2014 creó el Negociado de Energía (entonces conocido como la Comisión de Energía de Puerto Rico) como un regulador independiente para supervisar y garantizar la ejecución e implementación de políticas sólidas con respecto al servicio de energía eléctrica en Puerto Rico.

El Negociado de Energía también tiene la tarea de implementar regulaciones y llevar a cabo acciones regulatorias para garantizar la capacidad, fiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad de las tarifas eléctricas en Puerto Rico.

Los Planes Fiscales y la Ley 17 exigen que el Negociado de Energía pueda operar de manera independiente y libre de cualquier influencia o interferencia política directa o indirecta.

Los programas de medición neta pueden ser una forma eficaz de alentar a los hogares a invertir en energía verde. 

El programa de medición neta de Puerto Rico, establecido en 2007 mediante la Ley 114, les permite a los clientes con placas solares en sus hogares devolver a la red parte de la electricidad que no necesitan para su propio consumo de electricidad.

La energía que cada cliente exporta a la red eléctrica se deduce del costo de la electricidad que el cliente compra a la AEE cuando la energía generada por sus sistemas no es suficiente para satisfacer las necesidades del hogar, por ejemplo, por la noche o en días nublados.

Por lo tanto, estos clientes solo pagan por la electricidad neta que consumen de la AEE.

Solo un regulador verdaderamente independiente es un regulador eficaz.

El Negociado de Energía supervisa el sistema energético de Puerto Rico, incluida la AEE, Luma Energy y Genera PR, basándose en hechos y datos, no en intereses políticos ni influencias de intereses particulares.

Durante décadas antes de la existencia del Negociado de Energía, las decisiones de la AEE se tomaban basándose en intereses políticos, no en datos. Es una de las razones por las que la AEE está en quiebra en la actualidad.

En la mayoría de los estados de EE. UU. existen reguladores de energía independientes para promover la toma de decisiones basada en datos y hechos y evitar la interferencia política.

La Ley 10 fue aprobada por la Asamblea Legislativa sin ninguna audiencia pública. El proyecto de ley fue redactado y presentado a solicitud de un grupo con intereses particulares, y con el fuerte apoyo de los cabilderos de los instaladores de paneles solares. Está respaldado por la organización de la industria de paneles solares en los techos.

La piedra angular de un sector energético eficaz es un regulador políticamente independiente. El Negociado de Energía debería poder hacer su trabajo sin presiones políticas o la influencia de intereses particulares.  

La interferencia política en el sistema energético es una de las causas de los problemas actuales de la AEE. Durante décadas, las decisiones se tomaron basándose en intereses políticos, no en hechos y datos. Esto acabó mal. La AEE terminó en bancarrota y el pueblo terminó con una red de energía deteriorada y poco fiable. No debemos volver a las políticas del pasado que le fallaron al pueblo de Puerto Rico.

El Plan Fiscal para la AEE, certificado por la Junta de Supervisión, refleja e incorpora plenamente los objetivos de energía renovable de la Ley 17.

La Junta de Supervisión apoya la energía verde a gran escala y ha aprobado contratos para crear fincas solares.

La AEE había paralizado durante años la instalación de paneles solares en los techos. Desde la transferencia de la red a un operador privado requerida por la Ley 17 y el Plan Fiscal, la energía solar en los techos despegó. Más de 120,000 techos en Puerto Rico tienen paneles solares, una de las tasas más altas de instalaciones solares en techos de un país en relación con su población. Los paneles solares se instalan en cerca de 4,000 techos en Puerto Rico cada mes.

Tanto la energía de placas solares en los techos como la energía solar a gran escala están avanzando con el apoyo de la Junta de Supervisión.

No pasaría nada con la política de medición neta vigente ni con los términos de los clientes de la AEE que ya han instalado paneles solares. Los nuevos clientes podrán seguir uniéndose al programa.

El cambio solo ocurriría si el Negociado de Energía estableciera cambios en el programa de medición neta basándose en los resultados de su estudio y los aportes del público.

Solo el Negociado de Energía debería poder determinar las tarifas eléctricas y los términos de medición neta, basándose en hechos, no en intereses políticos o la presión de intereses particulares ni en los motivos de lucro de grupos empresariales individuales.  

La transición a la energía renovable es fundamental para Puerto Rico, pero debe hacerse con cuidado. Debe haber espacio para un diálogo honesto basado en hechos y datos. El camino para continuar con las energías renovables es complejo, y se deben evaluar y analizar las concesiones y los beneficios.

El Negociado de Energía realizó un informe para analizar la nueva política de medición vigente de Puerto Rico. Un borrador de este estudio ya está listo y disponible para todos. No propone acabar con la medición neta. Expone los hechos y plantea preguntas a las que debemos encontrar respuestas juntos para que el Negociado de Energía pueda tomar la decisión correcta y garantizar que la medición neta siga siendo un programa viable. Recomienda que el primer paso sea un debate público del informe.

La decisión correcta podría ser mantener la política de medición neta vigente. El Negociado de Energía, el regulador independiente, es la entidad adecuada para tomar esa decisión basándose en hechos y aportes del público. Sin embargo, la Ley 10 impide que el Negociado de Energía lo haga.

No. Los clientes que ya tengan paneles solares instalados conservarían los mismos beneficios durante 20 años a partir de la fecha de sus contratos de medición neta. Esa es la ley vigente bajo la Ley Núm. 114 de 2007 y la Ley Núm. 17 de 2019, incluso sin la Ley 10.

Hay aproximadamente 120,000 instalaciones solares en techos en Puerto Rico; es decir, al menos 120,000 hogares con energía solar en los techos. Esas instalaciones solares y sus beneficios de medición neta están protegidos.

Cualquiera que diga algo diferente está utilizando tácticas de miedo y desinformación para impulsar una agenda específica, y todos debemos ser muy cautelosos cuando eso suceda.

La energía renovable, incluida la energía solar, es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico. Es por eso que la Junta de Supervisión sigue apoyando la energía solar en los techos.

El Plan Fiscal de la AEE define la transformación del sistema energético de Puerto Rico para proporcionar energía más fiable y limpia con base en los objetivos de la Ley 17. El regulador independiente es un elemento muy importante de esta transformación. Sin embargo, la Ley 10 interfiere con la autonomía del Negociado de Energía, y es por eso que la Ley 10 viola los Planes Fiscales para la AEE.

La Junta de Supervisión planteó estas preocupaciones varias veces a la Asamblea Legislativa y al Gobernador y pidió al Gobierno que derogara la ley para restablecer la plena supervisión legal del Negociado de Energía sobre el sistema energético de Puerto Rico.

El Gobierno nunca cuestionó la validez de las preocupaciones de la Junta de Supervisión, pero no actuó.

El sistema apenas ha comenzado a recuperarse de décadas de mala administración política que dejaron al pueblo de Puerto Rico con una red eléctrica defectuosa. Puerto Rico no debe retroceder. Es por eso que la Junta de Supervisión no tuvo más remedio que pedirle al Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que invalidará la Ley 10.

Para ser claros, la Junta de Supervisión Fiscal no presentó la demanda para poner fin a la medición neta; presentó la demanda para eliminar las restricciones corrosivas y peligrosas motivadas políticamente sobre el Negociado de Energía.

Invalidar la Ley 10 NO cambiaría el programa actual de medición neta. Los términos de los clientes de la AEE que ya instalaron paneles solares no cambiarán si el tribunal invalida la Ley 10, y los nuevos clientes podrán seguir uniéndose al programa.