La economía de Puerto Rico continuó recuperándose durante el año fiscal 2023, y su situación fiscal continuó estabilizándose tras la exitosa reducción de los pagos de la deuda por parte de la Junta de Supervisión. Al centrarse en la disciplina fiscal, mediante una presupuestación responsable, mantuvo el gasto en armonía con los ingresos para evitar que el Gobierno recayera en déficit.
La estabilización, sin embargo, no es impulso suficiente para sacar a Puerto Rico adelante, y tampoco es suficiente para cumplir con el mandato de la Junta de Supervisión en virtud de PROMESA. Para poder lograr la responsabilidad fiscal, el Gobierno electo y las instrumentalidades cubiertas deben continuar implementando las reformas estructurales establecidas en los Planes Fiscales para Puerto Rico. Además, el gobernador, la Legislatura y las instrumentalidades cubiertas deben operar dentro de los presupuestos existentes y presentar presupuestos futuros para su certificación por parte de la Junta de Supervisión, que sean conformes con los Planes Fiscales correspondientes.
El futuro de Puerto Rico depende de una verdadera reforma y de un cambio duradero para crear un cimiento firme de crecimiento económico sostenible. Lograr estas reformas permanentes y sostenibles es mi objetivo como director ejecutivo.
El Plan Fiscal define unas reformas e iniciativas críticas para mejorar la facilidad de hacer negocios, actualizar la infraestructura y preparar a la fuerza laboral para competir por los empleos del futuro. Este Informe Anual ofrece un panorama general de las prioridades del Plan Fiscal para cada una de las entidades cubiertas.
El Plan Fiscal define además las mejoras necesarias en los sistemas y procedimientos que sientan las bases de una sólida administración fiscal. Una disciplina de gasto adecuada sigue siendo necesaria para preservar e institucionalizar el éxito reciente. Tanto una sólida administración fiscal como una estabilidad financiera a largo plazo son necesarias para evitar que Puerto Rico recaiga en los antiguos hábitos de prometer y gastar en exceso, cuyo resultado fue la quiebra de la Isla.
El proceso presupuestario es un ejemplo tanto de la reforma necesaria como del principio del cambio. La elaboración de los presupuestos conlleva muchos meses de deliberación entre el Gobierno electo y la Junta de Supervisión. Para el año fiscal 2023, la Legislatura no presentó un presupuesto a la Junta de Supervisión. Además, el Gobierno continuó con su práctica de añadir gastos incrementales a lo largo del año sin identificar los recursos para financiarlos. Solo como consecuencia de la revisión y evaluación por parte la Junta de Supervisión, y del trabajo posterior con el Gobierno para identificar el financiamiento, se compensaron los costos de estas leyes dentro del presupuesto certificado del año fiscal 2023.
Para el año fiscal 2024, que comenzó el 1 de julio de 2023, el gobernador y la Legislatura trabajaron con la Junta de Supervisión en establecer un presupuesto para el Gobierno de Puerto Rico que fuera conforme con el Plan Fiscal. Ambas ramas del gobierno aprobaron y presentaron el presupuesto a la Junta de Supervisión para su certificación, un paso significativo hacia lograr la responsabilidad fiscal.
La Junta de Supervisión continuará trabajando de la mano con el Gobierno para garantizar que los futuros presupuestos se elaboren a tiempo, que sean conformes con los Planes Fiscales y que provean una vía para satisfacer los requisitos de PROMESA y así dar fin a funciones de la Junta de Supervisión. La Junta de Supervisión también continuará trabajando para lograr el mismo objetivo con las instrumentalidades de Puerto Rico. Lamentablemente, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) informó a la Junta de Supervisión en junio de 2023 que no presentaría un presupuesto propuesto revisado para el año fiscal 2024. Como resultado, la Junta de Supervisión tuvo que elaborar y certificar como conforme su propia versión de un presupuesto para la AAA.
El Gobierno y las instrumentalidades cubiertas también lograron un progreso sustancial en la implementación de ciertas reformas estructurales clave. Por ejemplo, se están implementando los elementos de la transformación energética exigidos por los Planes Fiscales del Gobierno de Puerto Rico, por los de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), y por la Ley 17-2019 de Puerto Rico. Se incentiva a los operadores privados para que, con el tiempo, mejoren la red y la generación de energía en Puerto Rico. Además, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), el regulador independiente, aprobó los presupuestos del sistema energético antes de la certificación de la Junta de Supervisión, reforzando aún más la independencia reguladora. Este progreso no significa que la transformación se ha completado. El servicio eléctrico aún no es confiable, pero la transformación está sentando las bases de un sistema que puede mejorar y que mejorará. El Informe Anual brinda más detalles sobre esta transformación y su éxito.
Todavía no se han ejecutado otras reformas críticas. Debemos encontrar soluciones a largo plazo para los desafíos a los que se enfrenta la Universidad de Puerto Rico (UPR). La Junta de Supervisión, el liderato de la UPR y su Junta de Gobierno han creado un grupo de trabajo con expertos en una amplia gama de disciplinas, como la educación superior, el desarrollo económico y el sector privado, para desarrollar iniciativas estratégicas centradas en la excelencia académica, el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal.
Puerto Rico necesita reformar su sistema de educación pública, cuyo rendimiento refleja una marcada deficiencia. Los niños de Puerto Rico merecen un sistema de educación público que les prepare para un mundo de oportunidades y un mercado laboral exigente. La Junta de Supervisión trabajará con el Departamento de Educación de Puerto Rico y el Departamento de Educación de los Estados Unidos para reformar la educación en las escuelas públicas.
Puerto Rico también necesita una reforma contributiva integral. La Junta de Supervisión trabajará con el Gobierno para definir e implementar una reforma contributiva holística. También colaboraremos con un amplio grupo de partes interesadas para identificar soluciones que satisfagan las necesidades de Puerto Rico a largo plazo.
Las soluciones a estos desafíos requieren deliberación y acción. Estos desafíos no pueden solucionarse sin la colaboración del Gobierno electo, de las agencias gubernamentales y de las demás partes interesadas. En el próximo año fiscal, la Junta de Supervisión continuará fomentando el diálogo entre todas las partes interesadas.
Antes de comenzar mi labor como director ejecutivo, los siete miembros de la junta y yo conversamos sobre el futuro de Puerto Rico y de las prioridades tras la quiebra. El resultado -y mi mandato- fue que el enfoque debía girar en torno a los siguientes asuntos: administración financiera a largo plazo, el sector energético, educación, la reforma contributiva y el desarrollo económico. Puerto Rico necesita convertir la recuperación en crecimiento sostenible. Necesitamos una economía que ofrezca oportunidades a quienes viven aquí e incentivos a los inversores. Por último, tenemos que completar la última pieza importante de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico: el Plan de Ajuste de la AEE.
El nuevo Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, que la Junta de Supervisión certificó en abril, refleja estas prioridades. Desde que el Gobierno y la Junta de Supervisión crearon el primer Plan Fiscal en 2017, hemos estado determinando prioridades. Establecer prioridades exige tomar decisiones -a veces difíciles- para garantizar que los gastos del gobierno se ajusten a los recursos financieros esperados.
El Plan Fiscal de este año es diferente. Muchas de las decisiones difíciles han quedado atrás. Con la quiebra de Puerto Rico casi concluida, este Plan Fiscal se centra en las opciones e inversiones que ayudarán a restablecer el crecimiento y la prosperidad del pueblo de Puerto Rico tras el largo periodo de crisis y declive.
El Plan Fiscal prioriza el apoyo a un sector público de alto rendimiento al invertir en las personas, en la eficiencia, en la eficacia y la capacidad del Gobierno para prestar servicios más eficientes y de mayor calidad. Puerto Rico aún tiene que implementar muchas de las reformas estructurales. Puerto Rico ha recibido una entrada sin precedentes de fondos federales en forma de fondos de asistencia ante catástrofes y fondos de estímulo del COVID-19. Esta afluencia única de fondos federales ha fortalecido la economía en los últimos años.
Este Informe Anual ofrece, por primera vez, un panorama general sobre esos fondos y sus usos. PROMESA impone ciertas limitaciones a la autoridad de la Junta de Supervisión con respecto a los fondos federales asignados a Puerto Rico. Sin embargo, la Junta de Supervisión vigila el flujo de fondos federales, pues el Plan Fiscal depende del desembolso estratégico de estos fondos.
Los fondos federales representan una oportunidad sin precedentes si se emplean con eficacia y se alinean con iniciativas que mejoren el crecimiento a largo plazo. No obstante, al igual que muchos economistas y empresarios con los que he hablado en los pasados meses, a la Junta de Supervisión le preocupa que esos fondos oculten una debilidad subyacente que persiste contra el crecimiento económico a largo plazo de Puerto Rico. De hecho, nuestro análisis no apunta a un crecimiento económico sostenible sin estos fondos.
El camino por delante es claro: cumplir con los mandatos de PROMESA para ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal, presupuestos equilibrados y el acceso a los mercados de capital requerirá de esfuerzos continuos para implementar las reformas necesarias. La meta es un Puerto Rico próspero. El crecimiento económico es esencial para sostener los ingresos, las inversiones, las pensiones y el servicio de la deuda del gobierno.
Cada inversión, cada reforma, cada iniciativa y cada ley deben vislumbrarse a partir de ese enfoque.
Cuando acepté este trabajo en enero de 2023, vi con claridad la oportunidad que se me presentaba. La oportunidad de tomar este momento -el fin de la quiebra, la estabilidad fiscal y el estímulo económico- como el comienzo de otra era de crecimiento, como el comienzo de un cambio real, el comienzo de un periodo de éxito. Ahora es momento de que la Junta de Supervisión aproveche la oportunidad de colaborar con el Gobierno y cumpla una función tan decisiva después de la quiebra, como la que tuvo durante el proceso de quiebra.
Para mí, se trata de un asunto personal. Mi madre y mi padre salieron de Puerto Rico de niños con sus respectivas familias en una época de la historia de Puerto Rico conocida como la gran migración, en la que muchas familias abandonaron la Isla en busca de oportunidades en otros lugares.
Fue una época en la que la población de la Isla disminuyó en más del 20%, una época en la que muchas familias de la Isla pensaron que su única esperanza era abandonar Puerto Rico para poder encontrar un buen trabajo y una buena educación para sus hijos en otro lugar.
Desde entonces, han pasado más de 50 años. Vuelvo a Puerto Rico como producto de esa época y ahora es nuestra responsabilidad ayudar a crear un entorno en el que haya oportunidades e inversiones aquí mismo, en Puerto Rico, donde la gente quiera quedarse en sus comunidades y formar familias.
Cuando cese esta Junta de Supervisión, nuestro trabajo habrá dejado una huella en Puerto Rico, nuestras reformas habrán cambiado a Puerto Rico y se habrá cumplido el mandato que nos dio el Congreso de ayudar a Puerto Rico a alcanzar la responsabilidad fiscal y a recuperar el acceso a los mercados de capital.
Espero poder continuar colaborando con los líderes electos para crear un Puerto Rico que recupere la confianza de su pueblo y recupere la confianza de los puertorriqueños que se fueron, para que puedan volver a un Puerto Rico lleno de oportunidades.
