Esta columna fue publicada originalmente por El Nuevo Día el 23 de febrero de 2025
Durante varios meses, el proceso al amparo de PROMESA para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) estuvo dominado por una disputa legal ante el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Primer Circuito.
Ahora que el tribunal ha llegado a su determinación, la Junta de Supervisión continuará trabajando en una resolución consensuada con todas las partes que no perjudique el futuro de la AEE. El crecimiento económico es clave para el futuro de Puerto Rico, pero es casi imposible atraer nuevas empresas o fomentar la expansión de las existentes, y frenar la emigración, sin un sistema eléctrico estable y fiable.
La reciente opinión del Primer Circuito deja claro que los tenedores de bonos de la AEE tienen “una reclamación sin garantía sobre el patrimonio de la AEE por el importe principal de los bonos, más los intereses vencidos” (unos $8.5 mil millones). Por tratarse de una reclamación sin garantía, esta es pagadera únicamente de los ingresos netos de la AEE según se describe en el contrato de emisión de bonos, es decir, según el documento legal que establece los términos y condiciones la emisión de bonos.
Además, los bonistas solicitan sobre $3.5 millones en intereses posteriores a la petición, que son los intereses devengados, pero no pagados luego de que la AEE entrara en el proceso de reestructuración de deuda bajo el Título III de PROMESA. Pero estos intereses posteriores a la petición solo se permiten si el acreedor está “sobregarantizado”, es decir, si el colateral del acreedor asegurado, que en el caso de la AEE son los futuros ingresos netos, excede su reclamo de $8.5 mil millones.
Según se menciona anteriormente, una parte importante del fallo del Primer Circuito es que el pago de la deuda de los bonistas se limita a su colateral en virtud del contrato de emisión de bonos, y que este colateral son los ingresos netos. El Primer Circuito acertó que la reclamación de los bonistas no está garantizada por ninguna otra fuente de pago que no sean los ingresos netos. Quiere decir que, si los ingresos netos no existen o son insuficientes para pagar de lleno a los bonistas, no hay otra fuente de pago disponible para los bonistas conforme al acuerdo correspondiente.
Está claro que la controversia principal es el valor de los ingresos netos. Dado el presente estado de la AEE, la Junta de Supervisión no cree que haya, incluso que puede que no llegue a haber, suficientes ingresos netos para satisfacer el reclamo de los bonistas. La AEE necesita mucho más mantenimiento del que se ha previsto hasta ahora, y su infraestructura está tan deteriorada que los costos de mantenimiento y operación apenas arrojan ingresos que superen los gastos. Los años de negligencia en la AEE nos han alcanzado. Esto tiene que atenderse ahora.
Por esta y otras razones, nuestro Plan de Ajuste establece un pago a los bonistas no consentidores de una cantidad sustancialmente inferior a la que han reclamado. Para pagar la reclamación de los bonistas -sin contar los intereses- habría que aumentar la tarifa en más de 7 centavos por kilovatio-hora (kWh). Esto sin incluir el financiamiento de las pensiones, que
pudiera llegar a sumar más de 2 centavos por kWh. Esos aumentos sobrecargarían a los abonados y es probable que resulten en el colapso final de la AEE. Esta situación no beneficiaría ni a los abonados de la AEE ni a sus acreedores.
En ocasiones he oído decir que a la Junta de Supervisión solo le interesa litigar y que no está interesada en alcanzar una resolución consensuada. Esto queda desmentido por la trayectoria de más de ocho años de la Junta de Supervisión. Hasta ahora, cada una de las siete reestructuraciones de deuda completadas ha sido consensuada. Incluso los demandantes de la AEE que poseen el 44% de la deuda ya aceptaron el Plan de Ajuste propuesto por la Junta de Supervisión. Continuamos trabajando sobre esta trayectoria.
También entendemos lo que está en juego. La Junta de Supervisión seguirá intentando llegar a un acuerdo que no perjudique el futuro de la AEE. Seguiremos trabajando con todas las partes para llegar a un acuerdo consensuado que ponga fin a esta quiebra y deje a la AEE con los recursos críticos para hacer las inversiones necesarias que proveerán a Puerto Rico un servicio eléctrico confiable.
