El año fiscal 2023 fue en muchos sentidos un gran éxito, un punto de inflexión para Puerto Rico, ya que nosotros, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, junto con el Gobierno, cambiamos nuestro enfoque de la deuda de Puerto Rico a su futuro económico.
También dimos la bienvenida a nuestro nuevo director ejecutivo, Robert F. Mujica, Jr. Cuando los miembros de la Junta de Supervisión contratamos a Robert Mujica, estábamos confiados en haber encontrado a la persona indicada para dirigir esta nueva fase del trabajo de la Junta de Supervisión y completar nuestro mandato en virtud de PROMESA, de modo que la Junta de Supervisión pueda llegar a su fin.
Robert Mujica se incorporó a la Junta de Supervisión tras una larga y extraordinariamente distinguida carrera en el gobierno del estado de Nueva York. Cuenta con la capacidad, la experiencia y la pasión necesarias para dar continuidad al trabajo de la Junta de Supervisión. En los seis meses transcurridos entre su contratación en enero y el final del año fiscal 2023, Robert Mujica ha asumido un liderazgo decisivo en definir el camino a seguir de la Junta de Supervisión, mediante una cooperación renovada con el Gobierno de Puerto Rico y un enfoque agudo en nuestra prioridad de cimentar el éxito de nuestros esfuerzos de reestructuración de la deuda y estabilidad fiscal, al garantizar la responsabilidad fiscal a largo plazo y un crecimiento económico sostenible.
Nuestro mandato es claro: ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal y recuperar el acceso a los mercados de capital. Luego debemos irnos. Hemos logrado un progreso sustancial. Pero nos queda camino por recorrer para garantizar que Puerto Rico pueda mantener su rumbo de estabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados no son dos elementos en un listado que podamos simplemente marcar como completos y dar por hecho.
Institucionalizar un proceso presupuestario disciplinado que no se desvíe del camino de la estabilidad, procesos de compras y contratación eficaces, y la administración fiscal aún deben implementarse de lleno para evitar que Puerto Rico vuelva sufrir el déficit y la crisis. La deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) aún no se ha reestructurado.
Nunca pensé que sería miembro de la Junta de Supervisión durante siete años cuando el presidente Barack Obama me nombró. No tengo interés alguno en prolongar la existencia de esta Junta. Pero también estoy decidido a ayudar a terminar el trabajo que se nos encomendó. Quiero que Puerto Rico tenga éxito, y eso incluye asegurar que existen procesos certeros para evitar que Puerto Rico reincida en la inestabilidad.
En el nuevo año fiscal, nuestra atención se desplazará más decididamente de la estabilidad fiscal al crecimiento económico, como un paso más hacia el cumplimiento del mandato de PROMESA. El desarrollo económico es la clave del futuro de Puerto Rico, al igual que es la clave para recuperar la confianza de los inversores. Sin ello, no habrá oportunidades para el pueblo de Puerto Rico. Sin ello, no habrá estabilidad fiscal. Sin ello, los dolorosos ajustes que ha soportado Puerto Rico habrán sido en vano. La Junta de Supervisión trabajará de la mano con el Gobierno electo, la comunidad empresarial, los grupos cívicos y otras partes interesadas para poner en marcha un plan que ayude a garantizar el éxito económico de Puerto Rico.
Todavía queda por reestructurar una última parte de la deuda heredada de Puerto Rico. La enorme deuda de la AEE debe reducirse a niveles sostenibles. También es necesario reestructurar los cuantiosos pasivos de pensión que la AEE y el Sistema de Retiro de Empleados (SRE) de la AEE no financiaron durante tantos años, para que los actuales retirados estén protegidos, mientras que los futuros pensionados de la AEE podrán invertir sus ahorros de retiro de forma responsable en planes de aportaciones definidas, como lo hacen tantos estadounidenses.
Hace un año, a principios del año fiscal 2023, esperaba que pronto pudiéramos concluir las negociaciones con los acreedores y presentar un Plan de Ajuste consensuado que fuera justo para los acreedores y para el pueblo de Puerto Rico. Pero la deuda de la AEE demostró ser un asunto más complicado que cualquier otra reestructuración que hayamos resuelto bajo PROMESA.
La AEE fue la primera instrumentalidad que tuvo un acuerdo potencial para su deuda en 2017. La Junta de Supervisión no participó en las negociaciones entre la AEE y sus bonistas y su acuerdo preliminar no era un Plan de Ajuste al amparo del Título III de PROMESA. Un Plan de Ajuste abarca mucho más que un acuerdo con los bonistas. Reestructura el pasivo adeudado a todos los acreedores, incluso a los retirados.
La Junta de Supervisión revisó el acuerdo de 2017 y llegó a la conclusión de que las condiciones, que incluyen recuperaciones para ciertos bonistas, no no velaban por el interés de Puerto Rico. No me parece que un cargo por deuda de casi 6 centavos por kilovatio hora en el año fiscal 2023, que es lo que ese acuerdo habría costado a los clientes de la AEE, fuera un buen negocio. El acuerdo simplemente no apoyaba la transformación energética que es tan crítica para el futuro de Puerto Rico. Nadie gana -ni Puerto Rico ni los bonistas- si la electricidad sigue siendo poco fiable y si la AEE sigue siendo financieramente inestable.
En 2019, la Junta de Supervisión, junto con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la AEE alcanzaron un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) con ciertos bonistas que otorgaba a los hogares y empresas de Puerto Rico importantes protecciones, entre ellas evitar que las facturas de electricidad aumentaran en caso de que la demanda de electricidad disminuyera en los próximos años.
Sin embargo, implementar el RSA mediante un Plan de Ajuste para la AEE requería legislación. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico no adoptó la legislación necesaria, y el gobernador de Puerto Rico -con el apoyo de la Junta de Supervisión- puso fin al RSA en 2022.
Desde entonces, hemos estado analizando y negociando cuidadosamente para encontrar una vía para que la AEE emerja de la quiebra. La vía debe permitirle a la AEE operar e invertir de forma tal que la electricidad sea más fiable y limpia, y encontrar el equilibrio adecuado entre las reclamaciones de los bonistas y el impacto económico en el pueblo y las empresas de Puerto Rico. Y lo que es más importante, la vía debe incluir salvaguardias que impidan que la AEE vuelva a ser insolvente en el futuro.
Hay mucho en juego para Puerto Rico, y mucho ha cambiado desde que iniciamos el proceso de quiebra en virtud del Título III de PROMESA en 2017. El huracán María, los sismos, la pandemia, la movida mundial para ahorrar electricidad mediante un cambio a aparatos más eficientes energéticamente y el impulso acelerado hacia la energía renovables han creado un entorno en constante cambio. El reto es llegar a los términos de una reestructuración que funcione no solo hoy y mañana, sino durante décadas. Predecir un mundo cambiante de uso y generación de energía con años de antelación es algo realmente difícil de hacer.
Pese a estos retos, los bonistas no han cedido, pues insisten en el pago íntegro o casi íntegro de la deuda contractual. Tras meses de mediaciones con los bonistas en el pasado año fiscal, llegamos a un impasse y, en septiembre de 2022, la Junta de Supervisión reanudó el litigio con los acreedores que habíamos dejado en suspenso y al que esperábamos poner fin con un acuerdo justo, sensato y sostenible. Habíamos analizado muy cuidadosamente lo que podíamos esperar que pagaran por la electricidad los residentes y las empresas de Puerto Rico, y sabíamos que había un riesgo inmenso en continuar adelante con un acuerdo sin tener absoluta certeza de que fuera sostenible para la AEE a largo plazo.
El litigio se centró en dos asuntos: la suma de la garantía a la que tienen derecho los bonistas y la cuantía de su reclamación. En cuanto al primer asunto, la Junta alegó que las reclamaciones de los bonistas se limitan al dinero que la AEE deposita en las cuentas establecidas en virtud del acuerdo de fideicomiso que rige la emisión de los bonos. En marzo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que tiene jurisdicción sobre PROMESA, confirmó la postura de la Junta de Supervisión de que la garantía colateral de los bonistas se limita a tales fondos. Sobre la segundo asunto, el juez determinó en junio que la reclamación restante de los bonistas era de $2,400 millones.
Nuestra solución propuesta para este problema masivo de la deuda de la AEE sigue siendo un Plan de Ajuste. Presentamos un plan propuesto ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en diciembre de 2022, pero presentar un plan no significa que los miembros y el personal de la Junta de Supervisión puedan distraerse de lo que apremia. No podíamos negarnos a examinar los nuevos datos a medida que estuvieran disponibles. También tuvimos que actualizar el Plan Fiscal de la AEE, según lo hacemos habitualmente, para reflejar los estimados más recientes sobre costos y consumo energético. El Plan Fiscal y el Plan de Ajuste se basan en la realidad, no en lo que quisiéramos que fuera.
La Junta de Supervisión certificó un nuevo Plan Fiscal en junio de 2023 con proyecciones actualizadas desarrolladas por la AEE, Luma Energy LLC y Genera PR que repercutieron en el análisis de sostenibilidad de la deuda del Plan Fiscal para el Plan de Ajuste. Lo más relevante es que las nuevas proyecciones presentadas a la Junta de Supervisión reflejan costos significativamente superiores relacionados con los programas de eficiencia energética, como futuros descuentos y rebajas para exhortar a los clientes a cambiar a electrodomésticos y bombillas más eficientes energéticamente, y costos de pensiones más elevados. Esos descuentos son habituales en muchos estados de los Estados Unidos e introducirlos en Puerto Rico fue un mandato del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
La Junta de Supervisión está ahora en proceso de enmendar el Plan de Ajuste. Dadas las proyecciones actualizadas, es necesaria una mayor reducción de la deuda de la AEE con respecto al plan presentado actualmente, para que la AEE pueda suministrar electricidad esencial al pueblo y a las empresas de Puerto Rico a tarifas sostenibles. Mientras escribo este mensaje, continuamos negociando, y esperamos llegar a un acuerdo o acuerdos definitivos con los bonistas que reflejen la nueva realidad.
Algunos detractores acusaron a la Junta de Supervisión de cambiar el objetivo. De hecho, continuamos actualizando nuestras proyecciones a medida que llegaba nueva información. En cada etapa, nos hemos basado imparcialmente en los datos para predecir los costos futuros de la AEE. Al mismo tiempo, se nos ha acusado de sobrecargar al pueblo de Puerto Rico al proponer un aumento de tarifas eléctricas que todos sabían que sería inevitable dada la necesidad de pagar al menos una parte de la deuda heredada de la AEE y de estabilizar su sistema de pensiones que cuenta con un financiamiento insuficiente. Seguiremos trabajando arduamente para encontrar terreno común justo y proponer un Plan de Ajuste que resista la prueba del tiempo, y la prueba de la ley. Al final, debemos proponer un Plan que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos pueda confirmar según los parámetros establecidos por la ley.
Esperamos cerrar este último capítulo de la reestructuración de la deuda pronto y de un modo que sea beneficioso para todas las partes involucradas. Queremos darle un punto final la quiebra de Puerto Rico, para que la AEE pueda continuar adelante y pueda completarse la transformación del sistema energético de Puerto Rico, y el pueblo de Puerto Rico pueda cosechar los verdaderos beneficios de PROMESA, según lo concibió el Congreso.
