El Gobierno de Puerto Rico ha salido recientemente de la quiebra. Ahora, tras un largo proceso impactado por las catástrofes naturales, la crisis política y la pandemia mundial de COVID-19, se ha reestructurado el 80% de la deuda de más de $70,000 millones y se han puesto barreras para mantener al Gobierno de Puerto Rico en el buen camino fiscal.
Sin embargo, necesitamos ir más allá si Puerto Rico desea evitar otra quiebra dentro de cinco o diez años: debemos cambiar la mentalidad de los líderes electos para que Puerto Rico viva dentro de sus posibilidades. Gastar más dinero del que se tiene es siempre una forma segura de meterse en problemas.
La mejor política de endeudamiento del mundo se vuelve un problema si el Gobierno continúa aprobando leyes para las que no tiene financiamiento disponible. Este año, la Junta de Supervisión impidió que se implementara una ley que habría costado casi $80 millones, en violación del Plan Fiscal. En estos momentos se encuentran en la Asamblea Legislativa otros $113 millones en proyectos de ley que Puerto Rico no puede pagar.
Por ello, la aplicación de las mejores prácticas en materia presupuestaria es un aspecto clave en el que el Gobierno de Puerto Rico debe continuar trabajando. Por ejemplo, Puerto Rico necesita una entidad independiente que califique las nuevas leyes para determinar cuánto costarán al contribuyente, similar a la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos en Washington, D. C. La Asamblea Legislativa dispone de fondos para crear dicha entidad.
No me incorporé a la Junta de Supervisión de Puerto Rico solo para reestructurar la deuda, sino también para asegurarme de que pudiéramos ayudar a crear un Puerto Rico más fuerte. En el estado de Utah y Michigan fungí como director de presupuestos y, en muchas métricas, Michigan, cuando llegué, ocupaba el último lugar entre los 50 estados por haber gastado en exceso su presupuesto durante años. Teníamos que enderezar ese barco.
Las reformas significativas son fundamentales en áreas como la energía, la educación pública y la infraestructura. El Plan Fiscal para Puerto Rico detalla cómo llevar a cabo esas reformas estructurales tan necesarias, que, de implementarse, aumentarían el PIB de Puerto Rico en al menos tres cuartos de percentil para 2026.
En Puerto Rico, la Junta de Supervisión creó mucha más estabilidad para las empresas y los contribuyentes, pero el Gobierno debe operar dentro de sus posibilidades. Los residentes y las empresas deben alzar la voz para asegurarse de que los líderes políticos no gasten en exceso.
Puerto Rico va a ser un excelente lugar; realmente creo que le espera un futuro brillante.
Tenemos la oportunidad de crear una nueva visión para un Puerto Rico en el que nuestros hijos puedan prosperar. ¿Preferimos perpetuar los mismos problemas de siempre que han frenado a Puerto Rico durante las últimas décadas? Creo que todos sabemos la respuesta.
