Durante los casi 17 años que me desempeñé como juez de bancarrota, atendí un sinnúmero de casos sumamente complejos, incluyendo las de Enron y WorldCom, que en ese momento eran los casos de bancarrota más grandes en Estados Unidos.
Entiendo plenamente el valor de investigar los orígenes y las causas de un colapso financiero. Además, entiendo por qué algunos -economistas, políticos y otros preocupados por Puerto Rico y su recuperación- solicitaron una auditoría de la deuda. Asimismo, estuvo claro desde que se estableció la Junta de Supervisión que el proceso de resolución de la crisis fiscal de Puerto Rico dependía en gran medida de obtener información precisa sobre el tamaño y la naturaleza de la deuda. Sobre esas bases y otras preocupaciones, en 2017 la Junta de Supervisión comisionó una investigación de la enorme deuda que pesa sobre Puerto Rico.
En virtud de la sección 104(o) de Promesa, se autorizó a la Junta de Supervisión a “investigar las prácticas de divulgación y venta relacionadas con la compra de bonos emitidos por un territorio cubierto por esta ley”. Conforme a esta sección 104, la Junta de Supervisión formó un comité especial compuesto por tres miembros de la junta, incluyéndome, para garantizar que se produjera tal investigación.
El Comité Especial contrató de inmediato los servicios de la firma independiente de investigación Kobre & Kim LLC en septiembre de 2017 para llevar a cabo la investigación de la deuda. Luego de casi un año de revisión detallada, Kobre & Kim presentó un informe de más de 600 páginas sobre sus hallazgos. El informe Kobre & Kim está disponible al público en nuestra página web, y exhorto a todos aquellos preocupados por la acumulación de la enorme deuda que pende sobre Puerto Rico a leerlo.
El informe provee una gran cantidad de información que le revelará mucho sobre el pasado y el presente de Puerto Rico en el manejo de sus finanzas. También contiene una serie de recomendaciones que, de aplicarse, pudieran reducir o eliminar una crisis financiera futura resultante de un endeudamiento excesivo.
El informe revisa la deuda del Estado Libre Asociado, los servicios públicos de Puerto Rico, el Banco Gubernamental de Fomento, COFINA y el Sistema de Retiro de Empleados. Examina con detenimiento las prácticas de emisión y venta de deuda; la gama de instrumentos de deuda; cómo las prácticas de deuda de Puerto Rico se comparan con las de los estados y las grandes jurisdicciones municipales; y cómo la deuda está vinculada a los pasados déficits presupuestarios recurrentes de Puerto Rico.
Como investigador independiente, Kobre & Kim contactó a 90 entidades, revisó aproximadamente 260,800 documentos que consisten de casi 3 millones de páginas, y entrevistó a 120 testigos, incluidos exaltos funcionarios del gobierno, aseguradoras, agencias de calificación, así como profesionales y asesores externos.
Conforme a los hallazgos del informe, la Junta de Supervisión y el Comité de Acreedores No Garantizados impugnaron la legitimidad de $6,000 millones de la deuda del Estado Libre Asociado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. En última instancia, las cuestiones relativas a la “validez” de la deuda se abordarán en el Tribunal de Distrito, ya sea a través de litigios o de un acuerdo.
A pesar de que el informe ha estado disponible públicamente durante más de dos años, a la Junta de Supervisión todavía se le hace la pregunta perenne: ¿Por qué no auditamos la deuda?
Creo que muchos de los que continúan solicitando una auditoría, probablemente lo que están tratando de entender o ver es un análisis de cómo el gobierno utilizó los fondos de la deuda. Si el gobierno debió de utilizar el dinero de manera diferente a como lo hizo, no le corresponde a la Junta de Supervisión decidirlo ni es relevante en cuanto a los esfuerzos para reestructurar la deuda. Es importante entender que cómo el gobierno gastó los fondos no tiene un impacto en la validez de la deuda.
Además, la investigación no reveló datos algunos que pudieran generar la inquietud de que los fondos prestados no se le proveyeron al gobierno en virtud de los documentos de emisión. Una vez más, el hecho de si el gobierno utilizó los fondos de manera sabia, prudente y eficiente no era parte del marco investigativo de Kobre & Kim. Tal esfuerzo bien pudiera ser un ejercicio válido, pero, no afecta la validez de las deudas y su resolución final bajo Promesa.
Lo que Puerto Rico necesita ahora es concluir los casos del Título III y construir sobre esa base como una parte significativa de un cimiento para el desarrollo económico y la prosperidad. El informe Kobre & Kim es una de las herramientas que tenemos para ayudar en los esfuerzos de reestructurar la deuda. La reestructuración de la deuda es esencial para nuestro propósito legal de “lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”.
Autor: Arthur J. González
Arthur González es miembro de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y miembro senior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. El juez González sirvió en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de 1995 a 2012, cuando se retiró como Juez Principal.
