Progreso con el Presupuesto del Año Fiscal 2027
Durante décadas, el proceso presupuestario de Puerto Rico ha estado marcado por el manejo de crisis: la atención se centró en reducir la enorme deuda, equilibrar las finanzas públicas y determinar qué reformas estructurales permitirían impulsar el progreso de Puerto Rico y su economía.
Esa etapa está llegando a su fin. Ahora, Puerto Rico está entrando en una nueva fase: un enfoque estratégico e institucional para la gestión del presupuesto. Este cambio se enfoca en planificar para el futuro mientras se conserva la estabilidad fiscal.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta de Supervisión) certificó el presupuesto consolidado del año fiscal 2027 para el Gobierno de Puerto Rico. Se trata del segundo presupuesto consecutivo elaborado conjuntamente por la presente administración, la Asamblea Legislativa y la Junta de Supervisión.
Este presupuesto para el año fiscal 2027 también incorpora varios elementos clave para viabilizar las reformas que respaldan la transformación del proceso presupuestario —una de las prioridades estratégicas Junta de Supervisión— incluyendo la implementación de las estrictas normas contables que exige PROMESA, la creación de un fondo de capital (al que seguirá un presupuesto de capital centralizado), la creación de reservas para proteger a Puerto Rico de las presiones fiscales, y unos presupuestos que trasciendan el gasto anual y alineen los recursos públicos con las prioridades a largo plazo. La transición de Puerto Rico hacia una gestión presupuestaria estratégica, más transparente y más resiliente supone un gran progreso. Estas reformas son críticas para cumplir con el mandato de PROMESA y los requisitos que establece para que la Junta de Supervisión pueda completar su labor.
Como medida importante, la gobernadora Jenniffer González Colón presentó un proyecto de ley que establece tres cambios presupuestarios que entrarán en vigor durante el presente año fiscal 2027. Aprobados por la Asamblea Legislativa, los proyectos de ley están a la espera de la firma de la gobernadora para convertirse en ley.
El cumplimiento de esta meta debería ir seguido de varios pasos, entre ellos, implementar y hacer cumplir estas medidas para continuar avanzando en la transformación del proceso presupuestario de Puerto Rico.
La legislación incluye las siguientes prácticas presupuestarias:
- Un fondo de estabilización presupuestaria (conocido en algunos estados como rainy day fund): Puerto Rico está estableciendo el marco normativo para crear un nuevo fondo de ahorros que ayude al Gobierno a mantener la estabilidad ante futuras emergencias o desaceleraciones económicas. Este fondo sustituiría al anterior fondo de estabilización presupuestaria, que no había recibido financiamiento desde 2008. El objetivo es ahorrar una cantidad equivalente al 13.5% del gasto anual del Fondo General del Gobierno, cifra consistente con el promedio nacional citado por la Asociación Nacional de Oficiales Estatales de Presupuestos como la práctica habitual en muchos estados de EE. UU. El ahorro comenzaría de inmediato, con $729 millones reservados para el año fiscal 2026. A partir de entonces, la nueva ley le exige al Gobierno añadir cada año una cantidad equivalente al 1.4% del gasto del Fondo General hasta que el fondo alcance su objetivo total del 13.5% en o antes del 30 de junio de 2032.
- Un fondo de capital: Estos fondos se destinarían a financiar infraestructura y otros proyectos de inversión de capital. Por primera vez, Puerto Rico contará con un fondo específico de inversión de capital, aparte de las asignaciones del Fondo General destinadas a gastos operacionales. Aunque es la primera vez que Puerto Rico lleva a cabo esta medida, se trata de una práctica habitual en los estados de EE. UU. El fondo de capital recibiría cada año el 50% de los ingresos del Fideicomiso de Puerto Rico (Puerto Rico Trust Fund), lo que brindaría a la Isla una fuente de financiamiento estable y confiable para proyectos que requieran fondos locales (no federales).
La creación de estos fondos específicos contribuirá a que Puerto Rico institucionalice una administración fiscal responsable, tanto en el presente como en el futuro. Con el fondo de estabilización, Puerto Rico contará ahora con un marco integral de política de reservas que incorpora objetivos basados en el riesgo y un marco de gobernanza basado en normas. Y, con el fondo de capital, Puerto Rico dispondrá de las herramientas necesarias para planificar y manejar sus necesidades de inversión mediante mecanismos de financiamiento disciplinados que garantizan la resiliencia fiscal a largo plazo.
- Planificación financiera multianual: La legislación también estableció un plan financiero transparente a cinco años, cuya entrada en vigor se prevé para el año fiscal 2027. Conforme a la legislación, debe actualizarse cada año para garantizar que los ingresos corrientes del Gobierno se ajusten a sus gastos corrientes.
El plan tiene que divulgarse al público, incluyendo los métodos y suposiciones en los que se basa, para que la ciudadanía pueda comparar los resultados de un año a otro y exigir rendición de cuentas a las distintas administraciones gubernamentales. Las suposiciones deben incluir dos escenarios:
- un escenario base que refleje el resultado más probable, y
- un escenario de estrés que muestre lo que podría ocurrir en caso de un deterioro en las condiciones económicas.
El plan a cinco años también debe certificarse como conforme con el Plan Fiscal para Puerto Rico, según lo exige PROMESA.
Aunque estas medidas suponen un progreso significativo, Puerto Rico deberá seguir desarrollándolas en los próximos ciclos presupuestarios para alcanzar una administración presupuestaria sostenible a largo plazo.
Otras reformas que promueven prácticas presupuestarias gubernamentales sostenibles
- El Gobierno ha logrado progreso en la adopción de los estándares de contabilidad de acumulación modificada, según lo exige PROMESA. La Junta de Supervisión y el Gobierno han llegado a un acuerdo sobre las directrices aplicables a la elaboración de presupuestos de conformidad con dichos estándares, y la Junta de Supervisión continuará evaluando la implementación por parte del Gobierno de estas directrices en los presupuestos del año fiscal 2027 y el año fiscal 2026, así como la documentación de apoyo, las metodologías y la información necesaria para evaluar el cumplimiento con los requisitos aplicables en virtud de PROMESA.
- El Gobierno presentó una plataforma en común para sustituir su conjunto desarticulado de sistemas de información financiera independientes y anticuados, como parte de la modernización más amplia de la administración financiera que el Gobierno y la Junta de Supervisión han llevado a cabo conjuntamente.
Este sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) no solo supone una importante mejora tecnológica, sino que centraliza los procesos financieros y operacionales del Gobierno en un solo lugar. Llegar hasta este punto tomó mucho más tiempo y resultó mucho más difícil de lo que la tecnología por sí sola sugería.
Los beneficios de contar con un sistema financiero unificado, unos controles más estrictos, una presentación de informes más clara y una mayor transparencia sobre la administración de fondos públicos no se obtienen en un día, sino a lo largo de los años en los que el sistema se utiliza, se mantiene y se mejora. Ese es el trabajo que se está llevando a cabo.
A lo largo de este año fiscal se llevarán a cabo más reformas, por ejemplo, para elaborar el presupuesto de todos los fondos, de modo que la Asamblea Legislativa deba aprobar todas las asignaciones, incluyendo los fondos federales y los fondos de ingresos especiales, y no solo el Fondo General.
Además, desde un aspecto fiscal, las agencias gubernamentales deben fortalecer su eficiencia y su rendición de cuentas. La administración presupuestaria en Puerto Rico se reparte entre varias agencias (OGP, Hacienda, AAFAF), que colaboran de manera limitada. El objetivo de la Junta de Supervisión es establecer un sistema presupuestario centralizado, transparente y flexible que permita realizar una evaluación precisa de los riesgos.
Trabajando hacia un Puerto Rico próspero
Al establecer reservas estatutarias, crear un marco de capital y elaborar un plan a cinco años creíble, el año fiscal 2027 sitúa a Puerto Rico en una posición que le permite alcanzar la sostenibilidad, la confianza y una estabilidad fiscal continuada. Una vez implementadas, estas reformas demostrarán a los inversionistas y a las agencias de calificación que Puerto Rico realmente ha transformado sus prácticas presupuestarias y está construyendo la arquitectura institucional necesaria para recuperar el acceso a los mercados y completar el camino de la crisis a la recuperación.
