Los gobiernos, como cualquier organización, compran suministros y necesitan ayuda externa para hacer las cosas. Como cualquier hogar, el gobierno necesita comprar papel para imprimir o contratar a electricistas para atender las reparaciones. Por eso los gobiernos trabajan con varios suplidores y contratan, además de funcionarios a tiempo completo, a contratistas para que les ayuden.
Estos contratistas y suplidores, por supuesto, son remunerados con fondos públicos. Las adquisiciones públicas en Puerto Rico superan los $4 mil millones anuales —casi una quinta parte del presupuesto consolidado del Gobierno, incluso antes de tomar en cuenta los fondos de recuperación ante desastres. A nivel mundial, diversos estudios sugieren que el sector público podría reducir su gasto en compras en alrededor del 15% solo mediante un mejor manejo de las adquisiciones. Y a nivel internacional, más de la mitad de los casos de soborno ocurridos en el extranjero están relacionados con la obtención de contratos públicos.
Según lo explicó el director ejecutivo de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Robert F. Mujica, Jr.: “las adquisiciones son el punto en el cual una gran cantidad de dinero público converge con el riesgo real de que las cosas salgan mal”.
Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que se seleccione el contratista indicado para hacer el trabajo por un precio justo y que se le pague adecuadamente —sin favoritismos políticos?
Los gobiernos crean normas, conocidas como reglamentos, sobre cómo se contrata y paga a los contratistas. Los principios básicos de esas normas son la transparencia, para que los contribuyentes puedan tener visibilidad sobre quién recibe los contratos y por qué, y la equidad, para que los contratistas puedan llevar a cabo una competencia justa para ser elegidos y hacer el trabajo en cuestión.
En Puerto Rico, faltaban normas de adquisición firmes cuando se promulgó PROMESA. Durante la revisión de contratos llevada a cabo por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico salieron a la luz numerosas deficiencias, que revelaron la falta de normas uniformes para las compras. De modo que, la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico (ASG) y la Junta de Supervisión trabajaron juntos en la elaboración de nuevas normas. En 2020, la Junta de Supervisión aprobó el Reglamento Núm. 9230 para mejorar las prácticas del Gobierno en la adquisición de bienes y servicios, y lo que se conoce como servicios no profesionales (por ejemplo, mantenimiento, servicios de alimentación y servicios de limpieza), consolidando más de 188 reglamentos independientes de las agencias en uno solo. Antes de eso, solo una fracción de los contratos anuales se gestionaban mediante un proceso centralizado.
En febrero de 2026, la ASG dio otro paso adelante, diseñando un nuevo reglamento basado en el anterior, pero con varias mejoras, para reforzar y clarificar aún más las normas. De modo que, la Junta de Supervisión aprobó el nuevo Reglamento Núm. 9734 o el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales, que aporta más transparencia a las mejores prácticas de adquisiciones públicas.
Fomentando mejores prácticas de adquisición mediante reglamentación
Los procesos transparentes y competitivos de subasta y las nuevas herramientas digitales deberían contribuir en gran medida a garantizar que el Gobierno reciba el máximo valor por cada compra. Esto no solo es fiscalmente responsable, sino que también es esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas y fomentar la estabilidad financiera.
Un elemento particularmente importante del nuevo reglamento atiende la ambigüedad entre los servicios profesionales y no profesionales. El reglamento aclara esta distinción. Esto es crucial porque los servicios no profesionales requieren contrataciones competitivas, mientras que los servicios profesionales se rigen por estándares más laxos.
Por ejemplo, los servicios no profesionales ahora incluyen explícitamente la vigilancia y seguridad, control de plagas, paisajismo, limpieza y mantenimiento, servicios tecnológicos básicos, servicios bancarios, alquiler de equipos y vehículos, telecomunicaciones, servicios de facturación y cobro, y contratos de seguros no relacionados con servicios de salud.
Los servicios profesionales incluyen, por ejemplo, medicina, servicios legales, contabilidad, consultoría, ingeniería, arquitectura, relaciones públicas, publicidad, asesoría financiera y servicios especializados de apoyo tecnológico como el desarrollo de software y aplicaciones, y consultoría de ciberseguridad.
Esta aclaración reduce las posibilidades de que las entidades eludan los requisitos de adquisición competitiva clasificando erróneamente los servicios.
Otras mejoras importantes a las adquisiciones públicas de Puerto Rico
La Oficina de Investigaciones Especiales es responsable de dar seguimiento. El reglamento nuevo establece la Oficina de Investigaciones Especiales, otorgándole autoridad para supervisar, investigar e intervenir con las agencias gubernamentales y entidades exentas para hacer cumplir los requisitos del reglamento.
Las entidades exentas tienen que presentar sus reglamentos de adquisición a la ASG. El reglamento nuevo exige a las entidades exentas que presenten sus reglamentos de adquisición a la ASG para su revisión y aprobación. Los reglamentos adoptados sin la aprobación de la ASG quedarán invalidados; las compras realizadas conforme a reglamentos no aprobados quedarán nulas y sin efecto; y se podrán imponer multas administrativas.
A las entidades exentas les exige cumplir con unos requisitos de presentación de informes más estrictos. El reglamento nuevo introduce requisitos de presentación de informes mensuales con los cuales las entidades exentas deberán cumplir mediante la presentación de informes en los que se detallen todas las compras y subastas. Si una entidad exenta recibe un aviso, deberá implementar planes de acción correctiva en un plazo de 15 días o enfrentarse a multas de entre $1,000 y $5,000. Se espera que la Oficina de Investigaciones Especiales realice auditorías trimestrales de los informes mensuales de compras y subastas exigidos para verificar su cumplimiento.
Se refuerza la fiscalización de las modificaciones y extensiones de los contratos. Las entidades gubernamentales ahora deberán obtener la autorización previa de la ASG para enmendar los contratos adjudicados a través de procesos de adquisición competitivos llevados a cabo por la ASG. Cuando se extiende un contrato centralizado de la ASG, la duración total de la extensión no puede superar la duración inicial del contrato. Las extensiones de los contratos requerirán una determinación de que la extensión beneficia el interés público basándose en criterios específicos, como evitar la interrupción de los servicios esenciales, garantizar que sean costoefectivos o confirmar que no existen alternativas mejores. También se requiere la aprobación de la ASG para las modificaciones contractuales que aumenten el valor de un contrato en 25% o más, con una justificación válida por parte de la agencia que las solicita, que establezca que dichas modificaciones no alterarán el alcance original de la adquisición.
Los servicios de tecnología se clasifican por complejidad. Las tareas rutinarias, como la instalación de hardware y el mantenimiento de sistemas, se clasifican como no profesionales y requieren subasta. Los servicios de apoyo tecnológico especializado, como aquellos relacionados con la inteligencia artificial, arquitectura de seguridad y el desarrollo de sistemas se consideran profesionales, lo que significa que las agencias pueden adquirir estos servicios directamente como servicios profesionales, fuera de los procesos de la ASG. Las agencias deben analizar el alcance de cada proyecto para determinar si la adquisición debe realizarse a través de los procesos competitivos de la ASG o directamente por la agencia bajo el marco de los servicios profesionales.
Se respalda la implementación continua de procesos de adquisición digitalizados. Uno de los objetivos del reglamento es reflejar la transición de los procedimientos manuales a los automatizados. Entre esos cambios se encuentra la creación de archivos digitales para todas las solicitudes de adquisición de bienes, obras o servicios iniciadas por las entidades gubernamentales mediante el sistema autorizado por la ASG.
Utilizando los avances: el futuro de la transformación de las adquisiciones para Puerto Rico
Aunque las nuevas normas representan una mejora significativa en el proceso de adquisición existente en el Gobierno de Puerto Rico, aún queda trabajo por hacer.
Por ejemplo, se requiere que la nueva legislación que enmienda la Ley 73-2019 elimine los conceptos de entidades exentas y excluidas, lo que centralizaría plenamente las adquisiciones de bienes, obras y servicios no profesionales bajo la ASG.
También deberá promulgarse nueva legislación que exija procesos competitivos para la adquisición de servicios profesionales, incluyendo los servicios de apoyo tecnológico especializado, ya que estos operan bajo estándares menos rigurosos en comparación con los servicios no profesionales. Esta disparidad crea un incentivo para reclasificar los servicios en la categoría profesional, lo que se ve facilitado por el uso de una definición estatutaria imprecisa de los servicios profesionales.
Por último, los cambios al marco legal que rige los alquileres de propiedades requieren legislación, pues la Ley 73-2019 no le otorga a la ASG la autoridad de regular estos asuntos. Las normas y procesos competitivos son mínimos y no hay mucho control u orientación en cuanto a las extensiones o enmiendas a los contratos de alquiler.
Se han tomado medidas para lograr mejoras en otras áreas. Garantizar la continuidad de estos avances es esencial para que los procesos de adquisición continúen mejorando.
La ASG creó una Academia de Adiestramiento y Educación Continua en agosto de 2022. Esta iniciativa deberá continuar para que todos los empleados públicos que participan en actividades de adquisición desarrollen la experiencia y los conocimientos necesarios para reducir las irregularidades en los procesos de adquisición. Desarrollar equipos duraderos y cualificados requiere educación continua y la certificación de profesionales de adquisición.
En 2020, la ASG lanzó la plataforma Joint E-procurement Digital Intelligence (JEDI), siguiendo la recomendación de la Junta de Supervisión. Actualmente, JEDI sirve como el portal unificado de adquisiciones, una plataforma diseñada para modernizar y agilizar las adquisiciones del Gobierno. Esta funciona como un sistema electrónico centralizado que maneja el ciclo de adquisición de bienes y servicios, desde las órdenes iniciales hasta la emisión de una compra.
Al reemplazar los procesos manuales en papel con un flujo de trabajo digital unificado, JEDI mejora la eficiencia, reduce los atrasos administrativos y facilita que las agencias monitoreen cada paso de una transacción en tiempo real. A medida que la ASG y la Junta de Supervisión sigan mejorando la digitalización de los procesos de adquisición se espera que JEDI deje de utilizarse, una vez que el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) entre en funcionamiento.
Las adquisiciones transparentes y eficientes no solo son un ideal burocrático, sino que son esenciales para ganar la confianza del público y lograr la responsabilidad financiera. Cuando los procesos gubernamentales de adquisición son claros, competitivos y bien monitoreados, los contribuyentes pueden tener la seguridad de que su dinero se está utilizando de manera prudente y las empresas obtienen acceso justo a las oportunidades.
Estos principios ayudan a prevenir el despilfarro, reducir la corrupción y garantizar que todo contrato brinde valor real al pueblo de Puerto Rico.
La Junta de Supervisión continuará abogando por reformas de adquisición integrales, incluyendo el establecimiento de estándares claros para subastas competitivas, un monitoreo más riguroso de las entidades exentas, mayor transparencia en la otorgación de contratos y normas más estrictas para la adquisición de servicios profesionales.
