Proceso de revisión legislativa
El proceso de revisión legislativa de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico es un componente importante de su misión de ayudar a Puerto Rico a lograr y mantener la responsabilidad fiscal.
La Ley PROMESA requiere que el gobernador presente a la Junta de Supervisión toda ley promulgada junto con un estimado formal de cualquier impacto futuro de cada ley en los gastos e ingresos además de una certificación de que es o no significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado correspondiente. PROMESA también permite que la Legislatura solicite una revisión preliminar no vinculante de la Junta de Supervisión con respecto a la legislación pendiente para determinar si los proyectos de ley son consistentes con el plan fiscal certificado correspondiente.
Revisión legislativa: Leyes
La Sección 204(a) de PROMESA requiere que el gobernador de Puerto Rico presente a la Junta de Supervisión cada ley nueva para su revisión dentro de un plazo de siete días hábiles a partir de su promulgación.
La presentación del gobernador debe incluir un estimado formal de cualquier impacto de la nueva ley sobre los gastos e ingresos. Este estimado debe ser elaborado por una entidad apropiada del Gobierno de Puerto Rico con experiencia en presupuestos y administración financiera.
La misma entidad gubernamental también debe certificar si la ley bajo revisión es o no significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado correspondiente. La Sección 204(a)(2) de PROMESA describe este proceso en detalle.
La Ley 99 transferiría fondos del gobierno central a las cooperativas financieras por pérdidas resultantes del impago de los Bonos del Gobierno de Puerto Rico.
En una carta del 23 de agosto de 2024 dirigida al Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión describió su postura en relación con la Ley 99, y concuerda con la evaluación del Gobierno de que la Ley 99 es inconsistente con los Planes Fiscales de Puerto Rico y COSSEC. La Junta de Supervisión también determinó que la Ley 99 viola el Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico.
Finalmente, la carta notificó al Gobierno que el 16 de agosto de 2024, la Junta de Supervisión Fiscal adoptó una resolución en la que determina que la Ley 99 perjudica o frustra los propósitos de PROMESA.
Tras su carta del 10 de abril de 2024, la Junta de Supervisión reafirmó su preocupación al Gobierno de Puerto Rico de que la Ley 10 dista de la política que exige que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) sea supervisado por un regulador independiente. La Ley 10 prohíbe al NEPR realizar un estudio de medición neta y distribución de energía hasta enero de 2030, y le prohíbe además realizar cambios en el actual programa de medición neta hasta después de completarse este estudio postergado. La Junta de Supervisión instó nuevamente al Gobierno a derogar o enmendar la Ley 10 para restablecer la plena supervisión estatutaria del NEPR sobre el sistema energético de Puerto Rico.
La Ley 10 impide que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) introduzca cambios en la actual política de medición neta y distribución de energía del Gobierno de Puerto Rico hasta al menos 2031. En su carta del 10 de abril de 2024, la Junta de Supervisión señaló que la Ley 10 infringe PROMESA y los Planes Fiscales para Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Por tal motivo, la Junta de Supervisión instó al Gobierno a tomar medidas inmediatas para derogar o enmendar la Ley 10.
La Ley 96 concede estatus regular a los empleados transitorios elegibles que presten servicios durante un tiempo fijo a ciertas instrumentalidades gubernamentales. La Junta de Supervisión, sin sentar precedente, dijo que no impedirá la implementación de la Ley, teniendo en cuenta la colaboración y el compromiso del Gobierno con la Reforma del Servicio Público.
La Ley 1 pretende fomentar la construcción de viviendas asequibles en Puerto Rico mediante, entre otras cosas, el establecimiento de un nuevo sistema de topes en el precio de las viviendas unifamiliares y multifamiliares asequibles o de interés social. Aunque el gobernador no proveyó el estimado ni la certificación formales exigidos por PROMESA, sin sentar precedente y en vista del impacto previsto de la Ley sobre el inventario de viviendas asequibles, la Junta de Supervisión no tomará medidas en este momento para impedir la implementación de la Ley 1.
La Ley 41 fija el salario base de las personas empleadas en la División de Comedores Escolares del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) en $12 por hora. Sin embargo, la forma en que se establecieron los nuevos salarios base es inconsistente con la metodología utilizada para la Reforma del Servicio Público y no brinda un método para cubrir sus costos incrementales. La Junta de Supervisión declaró que la Ley 41 es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal y con PROMESA.
Más leyes
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Revisión legislativa: Proyectos de Ley
La Legislatura de Puerto Rico también puede solicitar una revisión preliminar de la Junta de Supervisión con respecto a la legislación pendiente y su consistencia con el plan fiscal certificado correspondiente, tal y como se detalla en la Sección 204(a)(6) de PROMESA.
Durante el proceso de revisión, la Junta de Supervisión determina si la legislación propuesta es o no consistente con el plan fiscal certificado correspondiente. Si considera que la ley propuesta no es consistente con el plan fiscal certificado correspondiente o determina que la ley violaría otras disposiciones de PROMESA, la Junta de Supervisión explicará su determinación al legislador solicitante y, de ser necesario, ofrecerá su colaboración con el legislador en el proceso de reforma de la medida para garantizar su consistencia con el plan fiscal certificado.
Al reconocer que la revisión de la legislación pendiente es preliminar y que los proyectos de ley pueden cambiar antes de su aprobación, PROMESA establece que las determinaciones de la revisión preliminar no son vinculantes y, aunque se promulguen los proyectos de ley, el gobernador aún deberá cumplir con el proceso de presentación de leyes recién promulgadas para revisión, tal como se ha discutido anteriormente y conforme a la Sección 204(a)(1)-(5) de PROMESA.
La R. C. de la C. 231 pretende obligar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), a LUMA Energy LLC y a Genera PR a conceder créditos a los abonados que aleguen que sus electrodomésticos, enseres o equipos resultaron dañados debido a apagones, fluctuaciones o bajas en el voltaje. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no identificó cómo la AEE pagaría este crédito al abonado sin un aumento de las tarifas eléctricas. También ordena un programa de créditos que perjudicaría la supervisión de la AEE por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico. La Junta de Supervisión determinó que la R. C. de la C. 231 es inconsistente con los Planes Fiscales de Puerto Rico y el Plan Fiscal de la AEE, e instó a la Asamblea Legislativa a no enviar el proyecto de ley al gobernador, y a éste a no convertirlo en ley.
La Junta de Supervisión revisó de forma preliminar la legislación aprobada recientemente con impactos fiscales mayores en el Año Fiscal 2025, entre ellas, el Proyecto del Senado 644 (sobre la asignación de fondos del Gobierno a las cooperativas) y el Proyecto de la Cámara 2038 (sobre el aumento de los pagos de pensiones). El posible costo agregado de estos proyectos de ley es de hasta $852 millones para el año fiscal 2025, y de al menos $6,000 millones en los próximos 20 años. Estos costos podrían desequilibrar los presupuestos del Gobierno y comprometer su estabilidad fiscal. Por tal motivo, la Junta de Supervisión espera explorar alternativas para atender el impacto fiscal de estos proyectos y acordar reformas permanentes del proceso presupuestario para garantizar la responsabilidad fiscal.
El Proyecto del Senado 1298 (P. del S. 1298), entre otras cosas, pretende implementar una reforma contributiva para los individuos contribuyentes y las corporaciones. Una carta del 16 de enero de 2024 de la Junta de Supervisión señaló que el Proyecto de Ley está pendiente en la Asamblea Legislativa y aún no se ha convertido en ley.
La revisión preliminar de la Junta halló que el Proyecto de Ley, tal como está redactado, no es consistente con el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado. El total del impacto contributivo del P. del S. 1298 es de $819 millones en el año fiscal 2024 y de $3,000 millones en cinco años. El Proyecto de Ley amenazaría la estabilidad fiscal del Gobierno y llevaría el presupuesto nuevamente al déficit. Por lo tanto, el P. del S. 1298 es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal, el presupuesto del presente año fiscal y con PROMESA.
La Legislatura aprobó el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1839 (P. de la C. 1839), que procura implementar uno de los mayores recortes contributivos de la historia reciente de Puerto Rico al ajustar los renglones contributivos de individuos y reducir la tasa contributiva de las corporaciones.
En una carta del 16 de noviembre de 2023, la Junta de Supervisión señala que el P. de la C. 1839 no es neutral en cuanto a ingresos y causará pérdidas de $750 millones en el año fiscal 2024, y de unos $3,000 millones en los próximos cinco años. Por tal motivo, la Junta de Supervisión declara que el P. de la C. 1839 es inconsistente con el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado, el presupuesto del año fiscal 2024 y con PROMESA, y exhorta al gobernador a no firmarlo en ley. La Junta de Supervisión se encuentra trabajando con el Gobierno y la Legislatura para proveer un potencial alivio de una sola vez, no recurrente, a los individuos contribuyentes.
El Proyecto de la Cámara 1651 (P. de la C. 1651) procura derogar ciertas partes de la Ley 4-2017 y restablecer muchas de las restricciones laborales que existían anteriormente, así como crear nuevas restricciones laborales. Entre ellas: la eliminación de las reformas sobre la acumulación de licencias por vacaciones y enfermedad y la modificación del periodo probatorio y del derecho al bono de Navidad de los empleados.
En una carta del 8 de noviembre de 2023, la Junta de Supervisión señaló que el P. de la C. 1651 es prácticamente idéntico a la Ley 41-2022, que fue anulada recientemente por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en virtud de PROMESA. La Junta de Supervisión señala además que el P. de la C. 1651 es inconsistente con el Plan Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado, pues tendría un impacto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico. Por tal motivo, la Junta de Supervisión instó a la Legislatura a pausar el proceso legislativo hasta que se complete el análisis económico comisionado por el gobernador, y todas las partes puedan dialogar a fondo sobre el impacto del Proyecto de Ley.
Otros proyectos de ley
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