Esta columna fue publicada originalmente por El Nuevo Día el 29 de julio de 2024
Puerto Rico merece un sistema energético moderno con electricidad confiable y más limpia. La energía renovable es una parte integral de esta transformación, así como de los Planes Fiscales que la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico certificó, y es un requisito bajo la Ley 17 de 2019 de Puerto Rico.
Esta transformación es un elemento crucial para el desarrollo económico y la creación de un crecimiento sostenible. También es un componente necesario para mejorar la vida de todos en Puerto Rico. No podemos continuar con el sistema que hemos tenido durante décadas.
Determinar las reglas de cómo el sistema energético sirve mejor al interés público es otro aspecto importante de esta transformación. El interés público, a menudo, depende del punto de vista de quien lo percibe. Por eso necesitamos un árbitro. En este caso, ese árbitro es el Negociado de Energía de Puerto Rico.
La Ley 10 de 2024 elimina al árbitro de un elemento importante de la transformación energética de Puerto Rico. Es como si quitáramos al árbitro en medio del juego. Así no es como se juega un buen partido. Por eso, la Junta de Supervisión cree que la Ley 10 no debe prevalecer.
La Junta de Supervisión ha estado haciendo su parte para alcanzar los objetivos de energía renovable de Puerto Rico. Apoyamos la energía verde a gran escala revisando y aprobando contratos para la creación de fincas solares y luchando vigorosamente en los tribunales contra aquellos que no creen que esa meta de energía renovable es posible. Durante años, la AEE paralizó la instalación de paneles solares en los techos, pero desde que se transfirió la red a un operador privado, la instalación de paneles solares se agilizó. Ahora más de 120,000 techos en Puerto Rico tienen paneles solares.
Puerto Rico subsidia los paneles solares en los techos. Los hogares con paneles solares comúnmente generan más energía que la que consumen cuando brilla el sol. La AEE compra ese exceso de electricidad al mismo precio que esos hogares pagan a la AEE por usar electricidad cuando sus paneles solares no generan energía, por ejemplo, en la noche. Eso se llama medición neta. Por otro lado, la AEE compra electricidad de otras fuentes a una tarifa más baja de la que vende, y la diferencia entre los precios de compra y venta se usa para pagar el mantenimiento e inversiones en la red, así como para pagarle a empleados y jubilados.
Lograr que más paneles solares se instalen en los techos es importante. Pero todos debemos ser conscientes de que el subsidio es un costo para el sistema, un costo que pagan todos los clientes que no tienen paneles solares. El Negociado de Energía debe asegurarse de que las políticas y reglas establecidas equilibren los costos y los beneficios para lograr el beneficio del público en general. Ahí es donde interfiere la Ley 10.
El sistema energético apenas ha comenzado a recuperarse de décadas de mala gestión política que dejaron al pueblo de Puerto Rico con un sistema eléctrico en ruinas. Pero el Gobierno se ha alejado abruptamente de su política de despolitización del sector energético.
La Ley 10 fue aprobada por la Asamblea Legislativa sin ninguna audiencia pública. El proyecto de ley fue redactado y presentado a solicitud de un grupo con intereses particulares, y con el fuerte apoyo de los cabilderos de los instaladores de paneles solares. El Negociado de Energía debe prevalecer.
Permítanme ser claro: decir que la Junta de Supervisión se opone a la energía renovable es incorrecto. Decir que la Junta de Supervisión intenta detener la medición neta también es incorrecto. Continuaremos defendiendo los objetivos de energía renovable de Puerto Rico de una manera inteligente y velando por el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, porque eso es lo más importante. Debemos permitir que el Negociado de Energía de Puerto Rico haga su trabajo.
