Tras los desastrosos eventos del pasado año, desde los sismos de enero hasta la pandemia, el 2021 trae una oportunidad tanto para comenzar de nuevo como para completar algunas de las tareas más importantes de la Junta de Supervisión, como lo es la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Esperamos también ver un progreso continuo en la transformación de la AEE y en la búsqueda de aumentar la transparencia y la responsabilidad fiscal.
Mientras Puerto Rico enfrentaba otra ronda de desastres naturales a principios del año pasado, la Junta de Supervisión se centró primero en hacer que la asistencia financiera inmediata estuviera disponible para el pueblo de Puerto Rico. Luego evaluamos cuidadosamente el efecto a largo plazo de la pandemia y consideramos cómo reducir su impacto en la economía de Puerto Rico. En mayo y junio, certificamos planes y presupuestos fiscales responsables y sostenibles para Puerto Rico y sus entidades gubernamentales, con base en nuestro análisis exhaustivo de los posibles efectos del COVID-19 en el gobierno de Puerto Rico, su gente y sus negocios.
Entonces, volvimos nuestra atención a la deuda de Puerto Rico.
Antes de que golpeara la crisis del COVID-19 en marzo pasado, habíamos llegado a acuerdos provisionales con un gran número de acreedores del Estado Libre Asociado y de la AEE. Pero el COVID-19 cambió drásticamente el panorama. Necesitábamos pedirle al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que pausara los acuerdos temporalmente hasta que pudiéramos reevaluar la situación de Puerto Rico.
Aunque la capacidad de Puerto Rico para pagar su deuda ha cambiado debido a la pandemia, nuestro objetivo de reestructuración la deuda no ha cambiado. Dado que no existe una vía legal para simplemente borrar la deuda de Puerto Rico, ni sería justo para los acreedores que prestaron dinero a Puerto Rico, estamos comprometidos en reducir los pagos de la deuda de Puerto Rico a un nivel que sea asequible y sostenible, tanto ahora como en el futuro.
Cuatro principios clave guían a la Junta de Supervisión en el proceso de reestructuración
- Primero, es mejor en consenso. En la medida en que más grupos (clases) de acreedores voten a favor de nuestra reestructuración propuesta, más fácil y rápido será nuestro camino hacia el fin de este proceso y menos gastaremos en extensos y costosos litigios. Hemos tenido mucho éxito en alcanzar acuerdos consensuados en las reestructuraciones que ya se han logrado para COFINA, el Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
- En segundo lugar, ajustarse para reflejar la nueva realidad. El hecho de que la pandemia golpeó al país cuando ya se encontraba en el piso, gravemente afectado por huracanes y sismos, y debilitado por décadas de declive económico y pésima administración fiscal, ha empeorado la situación considerablemente. Puerto Rico no puede permitirse pagar a sus acreedores cantidades que hubieran sido razonables hace un año. Las obligaciones de pago no deben hipotecar la economía de Puerto Rico en el futuro, sino que deben resultar en un gobierno estructuralmente sólido.
- Tercero, cumplir con los requisitos de PROMESA para llegar a un acuerdo justo. Dos de los requisitos de ecuanimidad más importantes de PROMESA apuntan a que la reestructuración sea «factible» y que sea en el «mejor interés» de los acreedores. El requisito de factibilidad significa que el tribunal no aprobará la reestructuración a menos que sea asequible y sostenible para Puerto Rico. La prueba del interés superior requiere que los acreedores, en su totalidad, lo hagan tan bien como lo hubieran hecho si PROMESA nunca se hubiera promulgado, y sin que se apresuraran a cobrar lo que pudieran en momentos en que Puerto Rico no puede pagar.
- Finalmente, un trato de «una sola vez y listo». Desde el primer día, la Junta de Supervisión se ha fijado la meta de lograr un acuerdo que sea asequible para Puerto Rico, no solo hoy y mañana, sino en los años venideros. Es por eso que el Plan Fiscal Certificado provee proyecciones de gastos del gobierno por el tiempo que le tome a Puerto Rico pagar lo cantidad considerablemente reducida de su deuda.
No creemos que Puerto Rico pueda incumplir y reestructurar sus deudas más de una vez. Las empresas a veces se declaran en quiebra por segunda vez, y algunos países como Argentina han reestructurado su deuda más de una vez. Pero para Puerto Rico, un incumplimiento futuro sería desastroso. Sería problemático e interferiría con iniciativas importantes que el gobierno quisiera emprender.
De hecho, es posible que Puerto Rico ni siquiera tenga acceso a las disposiciones de reestructuración que provee PROMESA luego que la Junta de Supervisión se disuelva en unos pocos años, eliminando así un enorme beneficio para Puerto Rico.
La quiebra de Puerto Rico debe resolverse tan pronto como sea razonablemente posible y esperamos presentar un plan de ajuste pronto. Creemos que el plan de ajuste enmendado será una propuesta realista que será sostenible para Puerto Rico y abrirá un camino hacia la recuperación y la prosperidad.
Les brindo mis mejores deseos para un 2021 saludable y feliz. Rezo para que las proyecciones mejoren cada vez más a medida que avanza el año.
Este nuevo año es un año de cambios para Puerto Rico. La llegada de la vacuna contra el COVID-19 para combatir la pandemia y proteger la salud de los puertorriqueños, un gobernador y una legislatura recién electos que con suerte adelantarán las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, y la reanudación de la negociación con los acreedores para reducir la deuda ha tenido un comienzo decisivo en 2021.
En la primera semana de enero, el proceso de designación concluyó y la Junta de Supervisión de siete miembros se encuentra completa de nuevo. Tres miembros, David Skeel, Andrew Biggs y el juez Arthur González, han formado parte de la Junta de Supervisión desde que se creó en 2016, y cuatro nuevos miembros darán a la Junta de Supervisión una gama de nuevas voces y perspectivas: Antonio Medina Comas, John Nixon, Justin Peterson y la Dra. Betty Rosa. En conjunto, como expresó el presidente Skeel, los miembros aportan experiencia significativa en las áreas de mayor importancia para la recuperación de Puerto Rico, que van desde la educación, las pensiones y la quiebra, hasta la sostenibilidad fiscal y el desarrollo empresarial.
La temporada festiva es un momento para la contemplación de logros y del porvenir. Este año, mirar atrás es doloroso. El efecto del COVID-19 ha sido grave en nuestra nación, en Puerto Rico y en toda nuestra vida individualmente.
Pero Puerto Rico no se detuvo a pesar del cierre y de la crisis de salud. A mi entender, tres logros en 2020 fueron de particular importancia.
A mi entender, tres logros en 2020 fueron de particular importancia
Primero, el gobernador y la Junta de Supervisión respondieron rápidamente con un paquete de respuesta de emergencia de casi $1,000 millones para combatir el COVID-19 y ayudar a los afectados por la pandemia, así como sus consecuencias económicas. Juntos, pudimos ayudar a los trabajadores de primera línea y a las pequeñas empresas, hospitales y escuelas, incluso antes de que el gobierno de los Estados Unidos aprobara la Ley CARES. No teníamos la capacidad para elaborar un paquete de emergencia tan sustancial tras el paso del huracán María. Esto es lo que significa la responsabilidad fiscal: la capacidad de priorizar el gasto y estabilizar el presupuesto del gobierno, para que podamos responder de manera decisiva y adecuada cuando sea necesario.
El Plan Fiscal y el presupuesto de este año pasaron por revisiones considerables y cuidadosas para reflejar el efecto de la pandemia en la realidad económica de Puerto Rico. Muchos estados y gobiernos locales de Estados Unidos tuvieron que implementar recortes presupuestarios angustiosos debido al COVID-19, pero la restricción fiscal de los últimos cuatro años permitió a la Junta de Supervisión, no solo suspender los recortes presupuestarios este año fiscal, sino también agregar múltiples inversiones anuales para estabilizar y mejorar el sistema de cuidado médico, mejorar el sistema educativo y ampliar el acceso a la banda ancha, todos puntos críticos de angustia ampliamente visibles durante la pandemia.
En segundo lugar, en términos de la reforma energética, 2020 fue un año de avances significativos. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, la AEE, el Gobierno y la Junta de Supervisión llegaron a un acuerdo con LUMA Energy para transferir la administración y operación de la red eléctrica, otro paso hacia la transformación del sistema energético de Puerto Rico.
La AEE es motivo de preocupación para la mayoría de las personas en Puerto Rico. Puerto Rico necesita un sistema de energía que provea energía más confiable, más asequible y limpia. Se incentiva a LUMA para mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico, garantizará que se realicen inversiones y se tomen decisiones basadas en una planificación sólida y estrategias a largo plazo en lugar de estrategias políticas. LUMA es una empresa puertorriqueña, con trabajadores puertorriqueños, creada como una empresa conjunta entre dos empresas que tienen una trayectoria comprobada de brindar servicios eléctricos de manera eficiente y enfocada en un servicio al cliente de calidad.
En tercer lugar, junto con el Gobierno, establecimos un nuevo proceso de compras. Esas nuevas reglas determinan cómo el gobierno contrata bienes y servicios y cómo paga por los bienes y servicios provistos a través de esos contratos. Esas reglas de adquisiciones son un gran paso adelante en nuestro camino hacia el restablecimiento e institucionalización de la responsabilidad fiscal.
La falta de normas y procedimientos adecuados sobre la forma en que el Gobierno adjudicaba contratos, compraba suministros y otros bienes, y cómo pagaba por servicios, ha dado lugar a graves irregularidades. El nuevo reglamento aprobado en noviembre establece procedimientos uniformes, robustos y bien fundamentados para la contratación pública, promueve la competencia en el mercado, la transparencia y la rendición de cuentas, todos pasos necesarios en el camino hacia la responsabilidad fiscal.
Todos esperamos mucho de 2021: mejoría, estabilidad y progreso. Mi esperanza es que superemos los desafíos del angustioso año 2020 y que utilicemos la crisis como una oportunidad para llevar a cabo mejoras importantes.
Lo que prometo para el 2021 es que la Junta de Supervisión seguirá trabajando con la Legislatura de Puerto Rico y el Gobernador Pedro Pierluisi para implementar las reformas necesarias e institucionalizar la responsabilidad fiscal que nos han permitido dar un paso adelante en tiempos de tragedia y necesidad, y para ayudarnos a recuperar por fin de las crisis financieras y humanitarias que han impedido el regreso de Puerto Rico a la prosperidad durante tanto tiempo.
El mandato y las metas de la Junta de Supervisión no han cambiado después del huracán María ni debido al COVID-19. Permítanme ser muy clara: Estamos decididos a sacar a Puerto Rico de la bancarrota y estamos decididos a construir un futuro para Puerto Rico con un crecimiento económico sostenible y un gobierno fiscalmente responsable que gaste el dinero sabiamente y dentro de sus posibilidades. Eso es lo que se merece el pueblo de Puerto Rico.
Les deseo a todos un 2021 seguro, saludable y feliz.