Plan de Ajuste

Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico:

El Plan de Ajuste propuesto provee el marco para que Puerto Rico salga de la quiebra y recobre acceso a los mercados de capital. La crisis fiscal ha causado daño a cada residente de Puerto Rico y está impidiendo cualquier oportunidad de una verdadera recuperación económica.

Salir de la quiebra es el primer paso para que la Isla se recupere, crezca económicamente y vuelva a prosperar. En resumen, el Plan de Ajuste pone fin a la incertidumbre fiscal y financiera.

Reduce la deuda de Puerto Rico a niveles sustentables

Términos del Plan de Ajuste

La Ley PROMESA facultó a la Junta de Supervisión Fiscal con la autoridad para reestructurar la deuda de Puerto Rico. El Plan de Ajuste radicado ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico -y que mantiene jurisdicción sobre la Ley PROMESA-, provee un marco para reestructurar $35,000 millones en deuda, entre bonos y otras reclamaciones, y $50,000 millones en deuda acumulada por pensiones. El plan reduce la totalidad de la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles.

El Plan de Ajuste propuesto reestructura las deudas del Gobierno de Puerto Rico, entre las que figuran:

  • Bonos de Obligación General 
  • Bonos de la Autoridad de Edificios Públicos
  • Bonos del Sistema de Retiro de Empleados 
  • Obligaciones de las pensiones del Gobierno
La Junta de Supervisión alcanzó acuerdos con retirados, algunos bonistas y empleados públicos que apoyan el plan como parte de un compromiso para sacar a Puerto Rico de la quiebra en la que se encuentra hoy.

Acreencias del Gobierno de Puerto Rico

El Gobierno Central de Puerto Rico tiene unos $13,400 millones en bonos de obligación general, obligaciones directas vigentes y $5 mil millones en deuda garantizada. Los tenedores de bonos de obligación general reclaman que ellos tienen prioridad sobre los ingresos del Gobierno por concepto de impuestos y arbitrios.

El recorte promedio de la deuda de los tenedores de bonos válidos de obligación general es de 36% 
Los bonistas locales individuales tendrán oportunidad de elegir bonos de corto plazo, no exentos, con pago mensual de intereses
Propuesta de transacción para tenedores de bonos impugnados de obligación general y reclamos garantizados del Gobierno ofrecen un recorte entre 55% y 65%

Los acreedores No Asegurados, con acreencias de menos de $10,000, recobrarían la cantidad completa, mientras que los acreedores con acreencias más sustanciales recibirían un recorte de su deuda de 96%

Bonos del Sistema de Retiro de Empleados

El Sistema de Retiro de Empleados (SRE) es un fideicomiso establecido para proveerles pago de pensión, así como otros beneficios, a empleados retirados del Gobierno, a la mayoría de las corporaciones públicas y a los municipios. El SRE tiene aproximadamente $3,200 millones en bonos pagaderos de los activos del SRE y contribuciones patronales al SRE.

Reduce los bonos en un 87%

Bonos de la
Autoridad de Edificios Públicos

La Autoridad de Edificios Públicos (AEP) es una corporación pública cuyo propósito principal es construir y arrendar edificios gubernamentales, y servir como vehículo para emitir bonos del Gobierno. La AEP tiene aproximadamente $4,600 millones en bonos vigentes.

Recorte de un 28%
para tenedores de bonos no impugnados de AEP y 42% para bonos impugnados

Después de la aprobación de PROMESA en 2016, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico le permitió al Gobierno y sus instrumentalidades, como la AEE, detener todo pago de la deuda para permitir su reestructuración. La moratoria se reemplazó con un estado de suspensión automática bajo la Ley de Quiebras cuando las partes iniciaron sus casos bajo el Título III de la Ley PROMESA. Ante este escenario, no se le ha requerido al Gobierno de Puerto Rico cumplir con la mayoría de los pagos para satisfacer la deuda, pero sí tendría que pagar todas sus obligaciones si el Tribunal no aprueba el Plan de Ajuste.

El Plan de Ajuste establece un fideicomiso de litigio que se nutrirá de los ahorros potenciales que resulten de las transacciones con los tenedores de bonos impugnados. Si el tribunal invalida dichos bonos, el Gobierno de Puerto Rico ahorraría el dinero que ha separado en caso de que el tribunal decidiera no invalidar dichos bonos. El Gobierno recibiría el 33% de dichos ahorros.

Para que el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico apruebe el Plan de Ajuste propuesto, el mismo debe ser justo y equitativo para con los acreedores. Eso quiere decir que les provee a los acreedores, incluyendo bonistas y pensionados, todo lo que pudieran razonablemente esperar recibir dentro de las circunstancias.

Para determinar si el plan puede ser confirmado, el tribunal tiene la responsabilidad de considerar lo que todos los acreedores recibirán individualmente si cada uno fuere a hacer su reclamación individualmente, lo cual dejaría a muchos acreedores sin recobro alguno.

El pago de la deuda a futuro debe ser factible para Puerto Rico. Ello quiere decir que las proyecciones de ingresos y gastos que conforman la base de cómo la Junta de Supervisión determinó los pagos a los acreedores, deben ser realistas y alcanzables.

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