Arthur González es miembro de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y miembro senior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. El juez González sirvió en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de 1995 a 2012, cuando se retiró como Juez Principal.
En mis casi 17 años de desempeño como juez de quiebras, presidí muchas insolvencias complejas, incluidas las de Enron y WorldCom, que fueron las mayores quiebras de los Estados Unidos casos en aquél entonces.
Entiendo plenamente el valor de comprender los orígenes y causas de un colapso financiero, así como por qué algunos economistas, políticos y otros apasionados por Puerto Rico y su recuperación buscaron una auditoría de la deuda. Además, desde el inicio de la Junta de Supervisión quedó claro que el proceso de resolución de la crisis fiscal de Puerto Rico dependía en gran medida de la obtención de información exacta sobre el tamaño y la naturaleza de la deuda. Sobre la base de esas y otras preocupaciones, la Junta de Supervisión encargó una investigación de la enorme deuda en 2017.
Bajo la Sección 104(o) de PROMESA, la Junta de Supervisión estaba autorizada a «investigar la divulgación de la información y las prácticas de venta en relación a la compra de bonos emitidos por un territorio cubierto». Por lo tanto, bajo la Sección 104, constituyó un comité especial (el «Comité Especial») compuesto por tres miembros de la Junta de Supervisión, yo incluido, para garantizar que se llevara a cabo dicha investigación.
El Comité Especial contrató la firma de investigación independiente Kobre & Kim en septiembre de 2017 para llevar a cabo la investigación de la deuda. Después de casi un año de revisión exhaustiva, Kobre & Kim presentó un informe de más de 600 páginas sobre sus hallazgos. El informe de Kobre & Kim (el «Informe») está disponible al público en nuestro sitio web, cuya lectura exhorto para todo aquél preocupado por la acumulación de la enorme deuda que se cierne sobre Puerto Rico.
El Informe proporciona información abundante verdaderamente reveladora sobre el pasado y el presente de Puerto Rico en cuanto a sus finanzas. También contiene recomendaciones cuya implementación podrían reducir o eliminar una crisis financiera futura resultante de un endeudamiento excesivo.
El Informe examina la deuda del Estado Libre Asociado, los servicios públicos de Puerto Rico, el Banco Gubernamental de Fomento, COFINA y el Sistema de Retiro de los Empleados. Asimismo, profundiza en las prácticas de emisión y venta de deuda, en la gama de instrumentos de deuda, en la comparación de las prácticas de endeudamiento de Puerto Rico con las de los estados de Estados Unidos y las grandes jurisdicciones municipales, así como en el modo en que la deuda está vinculada a los pasados déficits presupuestarios recurrentes de Puerto Rico.
Kobre & Kim, como investigador independiente, se puso en contacto con 90 entidades, revisó aproximadamente 260,800 documentos que constan de casi tres millones de páginas y entrevistó a 120 testigos, incluidos altos funcionarios gubernamentales, suscriptores, casas acreditadoras, así como profesionales y asesores externos.
Con base en el Informe, la Junta de Supervisión, junto con el Comité de Acreedores No Garantizados, impugnó la legitimidad de $6,000 millones de la deuda del Estado Libre Asociado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. En última instancia, los asuntos relacionados con la «validez» de la deuda se abordarán en el Tribunal de Distrito, ya sea mediante un litigio o un acuerdo.
A pesar de que el Informe ha estado a disposición del público durante más de dos años, la Junta de Supervisión todavía debe hacerse la siguiente pregunta permanente: ¿Por qué no auditamos la deuda?
Considero que muchos de los que continúan pidiendo una auditoría podrían estar buscando realmente un análisis de cómo el Gobierno utilizó los fondos de la deuda. No depende de la Junta de Supervisión decidir si el Gobierno debería haber utilizado el dinero de manera diferente, ni es relevante para los esfuerzos de reestructuración de la deuda. Es importante entender que la forma en que el Gobierno gastó los fondos no afecta la validez de la deuda.
Además, la investigación no reveló ningún hecho que pudiera suscitar la preocupación de que los fondos prestados no se hubieran proporcionado al Gobierno de acuerdo con los documentos de emisión. Una vez más, el uso de los fondos con sensatez, prudencia y eficacia por parte del Gobierno no estaba dentro del mandato de Kobre & Kim. Un esfuerzo de este tipo que bien puede ser un ejercicio válido, pero no afecta la validez de las deudas y su resolución final bajo PROMESA.
Lo que Puerto Rico necesita ahora es concluir los casos del Título III como parte significativa para cimentar el crecimiento económico y la prosperidad. El Informe Kobre & Kim es una de las herramientas que tenemos para ayudar en un esfuerzo por reestructurar la deuda. La reestructuración es fundamental para nuestro propósito estatutario de «… lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital».
